Ecuador firmó acuerdo de cooperación con EE.UU. contra el crimen, pese a presuntos bombardeos a granjeros y pescadores ecuatorianos
Ecuador firmó un acuerdo con Estados Unidos, según el gobierno de Daniel Noboa, para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Esto, pese a los presuntos bombardeos a una granja lechera y a pescadores ecuatorianos por parte de tropas estadounidenses. Estos hechos no han sido esclarecidos por el gobierno.
A través de un nuevo Memorando de Entendimiento, ambos países formalizaron una estructura de inteligencia y acción táctica sin precedentes.
El acuerdo, firmado entre la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de EE.UU. y el Ministerio del Interior, busca desarticular las finanzas y la logística de las bandas delictivas.
El 5 de marzo de 2026, Ecuador suscribió junto a Estados Unidos y otros países una Declaración Conjunta de Seguridad en el marco de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. El acuerdo plantea una estrategia regional con tres pilares: intercambio de inteligencia, modernización tecnológica y fortalecimiento institucional.
El Gobierno ecuatoriano ha defendido esta alianza como una respuesta necesaria frente a organizaciones criminales cada vez más transnacionales y violentas. La cooperación con el Comando Sur incluye apoyo tecnológico, inteligencia estratégica y operaciones coordinadas, aunque —según analistas— con un fuerte componente militar.
Pero mientras el discurso oficial habla de “trabajo conjunto” y “apoyo”, en paralelo emergen hechos que plantean preguntas incómodas: ¿hasta dónde llega esa cooperación? ¿Y bajo qué reglas?
Los límites de la cooperación
Expertos en seguridad han advertido que una estrategia centrada en lo militar puede ser insuficiente —e incluso riesgosa— si no se acompaña de fortalecimiento institucional.
La experiencia regional, como el Plan Colombia, ya dejó lecciones: grandes inversiones en seguridad no siempre se traducen en la erradicación del narcotráfico.
En ese contexto, los primeros incidentes vinculados a operaciones estadounidenses en la región reavivan el debate.
Entre marzo y abril de 2026, varias embarcaciones ecuatorianas denunciaron haber sido atacadas en altamar.
- 17 de marzo de 2026: la embarcación Negra Francisca Duarte, con 16 tripulantes, fue atacada a más de 100 millas de San Cristóbal, en Galápagos.
- 26 de marzo de 2026: el barco Don Maca, con 20 pescadores, reportó un segundo incidente en aguas cercanas al archipiélago, según denunciaron los pescadores, por parte de tropas estadounidenses.
Medios internacionales y regionales reportan que pescadores denunciaron ataques con drones o fuego militar, en el contexto de operaciones estadounidenses contra el narcotráfico.
El caso escaló al ámbito político: en la Asamblea Nacional se pidió fiscalización y explicaciones al Ejecutivo sobre la posible participación de fuerzas estadounidenses.
los asambleístas de la Revolución Ciudadana por Manabí hicieron un pedido de información a la Cancillería y al Ministerio de Defensa Nacional sobre lo sucedido con los barcos ‘Don Maca’, la Negra Francisca Duarte II y Fiorella.
Hasta ahora, persisten dudas: no hay confirmación oficial concluyente, pero tampoco una aclaración contundente.
La doctrina de los bombardeos en el Pacífico
Estos incidentes no son aislados. Forman parte de una estrategia más amplia.
Desde 2025, Estados Unidos ha ejecutado ataques contra embarcaciones en el Pacífico y el Caribe, bajo la premisa de combatir el “narcoterrorismo”.
- 4 de diciembre de 2025: un ataque contra una presunta narcolancha dejó cuatro muertos.
- Para esa fecha, ya se contabilizaban más de 80 fallecidos en 21 operaciones en la región.
Organismos internacionales han cuestionado la legalidad de estas acciones, señalando posibles violaciones al derecho internacional, especialmente cuando no hay evidencia pública clara sobre los objetivos.
El problema es evidente: en escenarios donde civiles y actores ilegales comparten rutas marítimas, el margen de error puede ser letal.
¿Y la “granja lechera”?
El 24 de marzo de 2026, una investigación del Times planteó dudas sobre una operación que tanto Estados Unidos como Ecuador destacaron como parte de la alianza militar contra los narcotraficantes, sin embargo, según el reporte, el bombardeo se habría dado en una granja lechera en Sucumbíos, zona fronteriza entre Ecuador y Colombia.
El reportaje, basado en visitas al sitio, títulos de propiedad y entrevistas con trabajadores, confrontó la narrativa oficial de los ejércitos de Ecuador y Estados Unidos. Según el diario neoyorquino, la operación —que pretendía mostrar la fuerza de la nueva alianza militar entre Quito y Washington— presenta indicios de graves errores de inteligencia y posibles violaciones a los derechos humanos.
La historia regional ya conoce episodios donde operaciones militares externas generaron crisis diplomáticas, como el bombardeo colombiano en territorio ecuatoriano en 2008, que violó la soberanía nacional.
Hoy, el escenario es distinto: Ecuador autoriza y participa en la cooperación. Sin embargo, los recientes incidentes plantean una interrogante de fondo: ¿Puede existir cooperación militar sin riesgos para la soberanía?
El acuerdo entre Ecuador y Estados Unidos responde a una realidad innegable: el país enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes.
Pero los hechos recientes evidencian otra verdad: cuando la cooperación se traduce en operaciones militares, los errores —o excesos— pueden tener consecuencias humanas, políticas y jurídicas. El desafío no es solo combatir al crimen organizado.
Es hacerlo sin perder control, transparencia, ni soberanía.
