Alcalde de Quito anunció sanciones administrativas al transporte público por limitar el servicio tras la eliminación del subsidio de los combustibles
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, informó que habrá sanciones administrativas contra las operadoras de transporte convencional que redujeron unilateralmente sus horarios de servicio. “A Quito no la van a someter”, dijo este 5 de mayo de 2026, y añadió que se suspendía el pico y placa durante la tarde para intentar contener el colapso de movilidad provocado por la racionalización del servicio. Según la Secretaría de Movilidad, 57 cooperativas no prestaron servicio y apenas siete operaron desde las 06:00.
Pero detrás de la confrontación entre Municipio y transportistas hay una historia mucho más larga: la eliminación del subsidio al diésel, las compensaciones temporales otorgadas por el Gobierno de Daniel Noboa, y una salida abrupta de esos alivios que terminó trasladando el conflicto directamente a las calles de Quito. Pese a que fue una decisión del gobierno, este le trasladó la responsabilidad al cabildo.
La cronología de una crisis anunciada
Septiembre de 2025: eliminación del subsidio
El Gobierno eliminó el subsidio a los combustibles mediante decreto, elevando el precio del galón de USD 1,80 a cerca de USD 2,80. Fue una de las decisiones económicas más agresivas de la administración Noboa, justificada por la necesidad de reducir el gasto fiscal y desmontar un esquema que consumía miles de millones al Estado.
El impacto fue inmediato: transportistas urbanos, interprovinciales y de carga advirtieron que el incremento hacía inviable sostener tarifas congeladas.
Octubre–diciembre de 2025: compensaciones para apagar el incendio’
Para contener protestas y evitar un alza inmediata de pasajes, el Ejecutivo activó un sistema de transferencias directas.
Los montos establecidos fueron:
- Transporte urbano intracantonal: entre USD 400 y USD 700 mensuales por unidad
- Transporte intraprovincial: USD 1.000 mensuales
- Transporte interprovincial: USD 1.800 mensuales por bus
El Gobierno defendió estas ayudas como un mecanismo transitorio mientras se ajustaba el mercado.
Marzo de 2026: extensión parcial
Con presión creciente del sector, el Ejecutivo firmó el Decreto 352, ampliando temporalmente la compensación para ciertos segmentos del transporte.
Pero el mensaje fue ambiguo: mientras algunos sectores recibían prórroga, el transporte urbano —como el de Quito— veía acercarse el fin definitivo del beneficio.
29 de abril de 2026: el punto de quiebre
El ministro de Transporte, Roberto Luque confirmó que no habría nuevas extensiones para el transporte urbano.
La señal fue interpretada por los operadores quiteños como una sentencia financiera.
Según dirigentes del sector, los costos operativos crecieron alrededor del 31 %, mientras las tarifas permanecieron congeladas y sin compensación estatal.
4 y 5 de mayo: la retaliación
Los transportistas respondieron reduciendo operación: buses solo circularían entre 08:00 y 19:00.
Más de 3.000 unidades limitaron su servicio, afectando a cerca del 80% de usuarios del sistema convencional.
El Municipio reaccionó con amenazas de sanciones de hasta ocho remuneraciones básicas unificadas por incumplimiento contractual. (Teleamazonas)
¿De quién es la responsabilidad?
El Municipio intenta presentar el problema como una presión corporativa ilegítima. Los transportistas lo presentan como supervivencia económica. Pero el detonante estructural vino desde el Ejecutivo.
La eliminación del subsidio fue una decisión nacional. También lo fue diseñar compensaciones temporales sabiendo que, al retirarlas, la tensión reaparecería si no existía una transición coordinada con municipios y operadores.
El Gobierno trasladó la carga política a los alcaldes. Ahora son los municipios quienes enfrentan la presión ciudadana por un sistema que financieramente quedó descompensado tras una reforma nacional.
Incluso el propio ministro Luque ha señalado que las decisiones sobre ajuste tarifario corresponden a los gobiernos locales. En la práctica, eso significa que el Ejecutivo ejecutó el ajuste macroeconómico, pero dejó a alcaldes como Muñoz administrando el costo social y político.
El fondo del conflicto: un sistema que ya venía roto
La crisis no nace únicamente del subsidio.
El transporte quiteño arrastra años de:
- flota envejecida
- tarifas políticamente congeladas
- escasa modernización
- contratos desalineados con costos reales
- dependencia histórica de subsidios indirectos
La eliminación del diésel subsidiado simplemente expuso un modelo financieramente frágil.
La advertencia del alcalde puede imponer orden momentáneo.
Las sanciones pueden obligar a sacar buses a las calles. La suspensión del pico y placa puede aliviar el caos de hoy. Pero ninguna de esas medidas resuelve la pregunta de fondo: ¿Quién absorberá el costo del transporte en Quito?
Mientras el Gobierno nacional se desentiende del problema tras retirar las compensaciones, la ciudad enfrenta una disyuntiva incómoda: subir tarifas, subsidiar localmente o administrar crisis recurrentes como la de este martes.
Y por ahora, el costo lo están pagando los quiteños.
