Caso Progen: Fiscalía dictó prisión preventiva contra los técnicos de Celec que alertaron que los generadores no servían
La audiencia del denominado caso Progen dejó una escena que hoy concentra cuestionamientos políticos y judiciales: mientras la Fiscalía y el juez avanzaron con prisión preventiva contra varios procesados, entre ellos tres técnicos de Celec, las propias defensas recordaron que esos funcionarios habían advertido previamente que los generadores contratados eran “inservibles”, “viejos” y “repintados”.
Los ingenieros Celso Sánchez, Nelson Castro y Luis Paúl Flores forman parte de los 21 procesados por presunto peculado en los contratos eléctricos con la empresa estadounidense Progen. Pero el caso tomó otro giro luego de que se difundieran videos grabados en Estados Unidos, durante una inspección técnica, en los que ellos advertían que los equipos no cumplían las especificaciones requeridas.
Según la defensa de Celso Sánchez, el técnico habría sido “el único que se opuso al pago” porque los generadores no servían. Su abogado aseguró ante la Corte Nacional que Sánchez alertó verbalmente y por correo electrónico a superiores y administradores del contrato sobre el estado de los equipos. Incluso sostuvo que esos correos “desaparecieron”.
Durante la audiencia, los abogados insistieron en que los técnicos actuaron dentro de sus funciones y que las observaciones técnicas sobre los motores ya eran conocidas dentro del proceso. También señalaron que existieron presiones para aprobar informes favorables a Progen pese a los incumplimientos detectados.
La Fiscalía, sin embargo, sostiene que existió un perjuicio superior a USD 104 millones en los contratos termoeléctricos firmados durante la crisis energética y pidió prisión preventiva para los involucrados argumentando riesgo de fuga.
El caso además reabre cuestionamientos sobre quiénes quedaron fuera de la investigación. Aunque la Fiscalía procesó a exfuncionarios, técnicos y representantes de Progen, figuras políticas vinculadas al manejo de la emergencia eléctrica no aparecen entre los acusados.
La contradicción política y judicial ahora queda instalada: tres de los funcionarios que, según sus abogados, alertaron que los generadores no funcionaban terminaron recibiendo la misma medida cautelar que quienes impulsaron y ejecutaron el contrato.
