Los cuatro niños de Las Malvinas: 16 militares investigados por la desaparición forzada están bajo custodia
La Fiscalía informó este martes 24 de diciembre de 2024 que formulará cargos contra 16 militares implicados en la detención y posterior desaparición de cuatro niños: Ismael, Steven, Saúl y Josué, el pasado 8 de diciembre en el sur de Guayaquil. La última ubicación de los menores de edad se determinó en Taura, parroquia rural del cantón Naranjal, provincia del Guayas.
La institución indicó que en el denominado Caso Malvinas, que investiga la desaparición de los cuatro menores de edad, el Ministerio Público solicitará que la justicia fije «fecha y hora para formular cargos contra 16 militares por su presunta participación» en el delito. La acción fiscal estará a cargo de su Unidad Especializada en la Investigación del Uso Ilegítimo de la Fuerza.
El Ministerio de Defensa informó que, por disposición del titular de la Cartera, Gian Carlo Loffredo, se ha puesto «bajo custodia militar a los 16 integrantes de la Fuerza Aérea investigados por la justicia» en este caso.
Agregó que la custodia de los sospechosos «estará a cargo de oficiales y personal de inteligencia militar, con la finalidad de intensificar la seguridad y eliminar en su totalidad cualquier riesgo de fuga».
También se ha dispuesto que, «en caso de ser requerido por el sistema judicial», las Fuerzas Armadas movilizarán «inmediatamente a los investigados para ponerlos en manos de la justicia» civil.
No hay evidencia de que hayan participado en un robo
El fiscal que investiga desaparición de los cuatro menores de edad, Christian Fárez, dice que no hay evidencia de que hayan participado en robo.
El funcionario señaló que no hay evidencia que sustente la teoría expuesta por el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, en torno a que la detención se dio porque los menores estuvieron presuntamente involucrados en un delito.
Y de haber sido ese el caso, añadió el fiscal, los chicos debieron ser llevados ante la autoridad competente en atención a los adolescentes infractores.
Billy Navarrete, coordinador del Comité Permanente de Derechos Humanos (CDH), refirió que hay evidencias claras de que los niños fueron detenidos por militares y que, al parecer, no existe ninguna evidencia documental sobre esas detenciones.
“No está, al parecer, un informe un registro es una cosa básica cuando una persona es privada de la libertad”, expuso y agregó que no se podía detenerlos y llevarlos a otro cantón para dejarlos abandonados.
Según ha indicado el Gobierno, una patrulla militar que pasaba por la avenida 25 de julio, en el sur de Guayaquil, observó un presunto robo a una mujer. En ese momento, los cuatro menores de entre 11 y 15 años fueron detenidos.
Oficialmente se ha informado que los militares iban a la Base Aérea de Taura y que por eso inicialmente pensaron en llevarlos a una unidad policial de la parroquia Virgen de Fátima (km. 26) cerca del reparto militar, pero aquello no ocurrió. La defensa de los uniformados señaló que ellos decidieron liberar a los adolescentes en la parroquia.
Por este caso que ya ha alcanzado una connotación internacional, el Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas (OMNU) ya dictó medidas cautelares en favor de los familiares de los menores.
Entre esas, asegurar participación en mecanismos de búsqueda y recibir protección de agentes especializados, asegurando que los beneficiaros de las medidas puedan tener la confianza necesaria en las personas a cago de su acompañamiento.
Sí es una desaparición forzada
Por otro laco, la jueza Tanya Loor Zambrano aceptó la demanda habeas corpus presentada por los familiares de los cuatro menores de edad y el Comité Permanente de Derechos Humanos de Guayaquil (CDH), en una audiencia también este martes. Declaró la desaparición forzada, bajo la responsabilidad del Estado ecuatoriano.
Esta diligencia se extendió desde las 13:00 aproximadamente y tuvo un receso cerca de las 19:00. A las 20:30 se reanudó la cita para escuchar la resolución de la jueza.
Antes de la audiencia, en medio de un grupo de policías que se ubicaron en la puerta de una de las torres del Complejo Judicial Florida Norte, ingresaron familiares de los niños y representantes del Comité de Derechos Humanos (CDH), organismos que acompaña a las familias. La audiencia se realizó a puerta cerrada y se transmitió vía virtual.
Fernando Bastias y Billy Navarrete están entre los rostros visibles del comité en esta acción. En la cita comparecieron representantes de Fiscalía, Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa y otras carteras de Estado.
El CDH busca que el juez disponga la investigación penal por desaparición forzada para procesar penalmente a los uniformados que estarían implicados en este hecho.
En la diligencia, Leonardo Alvear, en representación del Ministerio de Defensa, expuso que los menores no están bajo custodia de las Fuerzas Armadas.
Además, detalló que los menores quedaron liberados y no existirían indicios de que fueron ingresados a la base.
A su vez, el fiscal Christian Fárez, quien investiga la desaparición de los menores, afirmó que no existiría evidencia de que los menores hayan sido detenidos por haber estado involucrados en algún acto irregular. De ser el caso, acotó, que debieron ser llevados ante la autoridad competente en atención a los adolescentes infractores.
Eduardo Noroña, quien figuró como defensor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, expuso que no se configura el delito de desaparición forzada.
Sobre el desarrollo de la audiencia, Billy Navarrete, coordinador de la CDH, expuso que hay evidencias claras de que los menores son detenidos por militares y que, al parecer, no existe ninguna evidencia documental sobre esas detenciones.
“No está, al parecer, un informe un registro es una cosa básica cuando una persona es privada de la libertad”, expuso y agregó que no se podía detenerlos y llevarlos a otro cantón para dejarlos abandonados.
Sobre lo dicho por el representante del Ministerio de Defensa de que los menores no ingresaron al retén y los dejaron afuera, él también expuso sus observaciones.
“Esa es una confesión de falta de protección ante unos niños, una situación de vulnerabilidad a más de 40 kilómetros de distancia de las casas de ellos”, dijo.
Además, expuso que eso revela que no se lo entregaron a la Policía en el peor de los casos que esa presunta situación de robo.
“Esa presunta situación de robo no ha sido tampoco evidenciada, no hay ninguna orden, no hay información documental que haya soportado ese robo, no hay nada, es una versión al aire que ha sostenido el Ministerio de Defensa”, dijo.
Hallaron varios cuerpos calcinados en Taura
La Policía encontró, el mismo martes, unos cadáveres en Taura, en una zona cercana a una base de las Fuerzas Armadas, más de dos semanas después de la desaparición de cuatro menores.
Una funcionaria policial no autorizada a ser identificada como condición para poder hablar del caso confirmó a The Associated Press que la policía había hallado varios cuerpos en una zona de manglar, cercana a Taura, donde está la sede militar de la zona costera, aunque no informó sobre el número de cuerpos e indicó que estaban investigando si se trata de los menores.
Dos funcionarios fiscales, que pidieron no ser identificados por no estar autorizados a dar declaraciones, indicaron a la AP que los cadáveres estaban calcinados y con signos de violencia.
Casi en paralelo, el ministro de Defensa ordenó poner bajo custodia a 16 militares por la detención y posterior detención de los menores, en un caso que ha sacudido al gobierno del presidente Daniel Noboa.
Los cuerpos encontrados estaban en una zona rural muy cerca de la Base Militar de Taura, a las afueras de Guayaquil, que es la sede de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).
En ese recinto, prestaban servicio los 16 militares que, en dos camionetas, detuvieron a los cuatro niños a las 8:43 pm de aquel domingo, según grabaciones de las cámaras de seguridad revisadas por la AP.
La base de Taura fue allanada por la Fiscalía la madrugada del pasado lunes para incautar evidencias, entre ellas, los celulares de los 16 uniformados y dos camionetas blancas Chevrolet Luv, con vidrios polarizados y sin placas, en los que subieron a golpes y violentamente a los cuatro niños, según las imágenes de videovigilancia.
