Daniel Noboa envía su primer proyecto de ley «económico urgente», pero según analistas no es de urgencia económica, si no de combate al crimen organizado

El presidente de la República, Daniel Noboa, envió este 17 de mayo de 2025, su primer proyecto de ley de carácter económico urgente a la nueva Asamblea Nacional, cuyas autoridades son afines a su partido, Acción Democrática Nacional (ADN). Según reza el documento, su objetivo sería  «desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno». Sin embargo, expertos alertan que el combate a las economías ilegales es materia de seguridad, no económica.

Fernando Bastias, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), alertó que, de aprobarse esta propuesta, «permitirá que ningún militar o policía que cometa ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas vaya a prisión preventiva para evitar su fuga. Los militares que desaparecieron Steven, Nehemías, Ismael y Josué seguirían libres y amedrentando a las familias».

La misma preocupación mostró la asambleísta Jahiren Noriega. Ella asegura que esta ley «disfrazada de económica urgente», le daría impunidad a Policía Nacional y Fuerzas Armadas cuando cometan delitos. «¿Sabían que si esta ley hubiese estado promulgada al momento de la desaparición forzada y asesinato de los 4 niños de las Malvinas, los 16 militares implicados estarían libres y sin prisión preventiva? Carta abierta para matar personas empobrecidas y racializadas bajo la sospecha de ser delincuentes», publicó en su cuenta de X.

La legisladora se refiere a la cláusula Séptima que dice: «A continuación del artículo 542, agréguese el siguiente artículo: ‘Art. 542.1.- Cuando la persona procesada sea miembro activo de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas, y el hecho investigado tenga relación con una circunstancia suscitada en el cumplimiento de su deber legal, dentro de un conflicto armado interno, en ningún caso se aplicará prisión preventiva, ni arresto domiciliario ni uso de dispositivo electrónico. En su lugar, el servidor policial o militar continuará realizando sus respectivas funciones en el lugar de trabajo asignado, siendo su jefe inmediato el responsable de reportar quincenalmente que el servidor se encuentra en territorio nacional‘».

¿Qué dice el proyecto de ley?

«La presente ley tiene por objeto establecer medidas financieras, tributarias y de seguridad destinadas a establecer un marco jurídico nacional aplicable para la desarticulación de las economías criminales vinculadas al conflicto armado interno, así como, proteger a la ciudadanía, la sostenibilidad del sistema económico y financiero del Ecuador y la reactivación económica en zonas afectadas», se lee en el texto enviado a la Asamblea. Las medidas implican reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y otros cuerpos legales.

Bastias asegura que la finalidad de la Ley, insiste en que es un proyecto de Ley para el combate contra el crimen organizado. «No es un proyecto de Ley económico urgente». La finalizad de la Ley dice lo siguiente: «La presente ley tiene como finalidad contrarrestar las economías criminales a través de la implementación de un régimen de medidas de combate, enfocado en la neutralización efectiva de los grupos armados organizados y en la priorización de la protección de la ciudadanía, la seguridad nacional y el restablecimiento del orden público para aumentar la resiliencia del sistema económico y financiero del país, y reactivar la economía de las zonas afectadas».

Entonces, bajo la lógica de la Ley, añade Bastias, «yo puedo decir que una Ley de política fiscal es una ‘Ley de salud’, porque la reducción de impuestos ayuda a la salud emocional de las personas. Yo podría hacer esa interpretación subjetiva, pero no. La Ley económica urgente ya tiene como directrices a los artículos 284 y 285 de la Constitución que establecen qué es la política económica y qué es la política fiscal. Toda decisión fuera de estos dos artículos deja de estar relacionado a materia económica», dijo a La Contra.

De hecho, si leen la Ley, la mayoría de artículos habla sobre medidas de seguridad y no económicas. Aquí pueden descargar el Proyecto de Ley

El abogado especialista en Derechos Humanos, Efrén Guerrero, destacó que el proyecto de Ley «reconoce que hay que ir tras el dinero (del crimen organizado), usa lenguaje del Derecho Internacional Humanitario, quiere cortar el flujo de plata sucia y propone reactivar zonas afectadas», dijo.

Sin embargo, identifica más puntos en contra como «El proyecto dice que no es estado de excepción, pero te allanan sin juez, te detienen sin proceso, te juzgan con jueces nuevos, y te indultan antes de saber si eras culpable», publicó en un hilo de Twitter, donde además hace recomendaciones.

Reconocimiento oficial del Conflicto Armado Interno

Entre las propuestas, destaca el reconocimiento oficial del Conflicto Armado Interno, a través de la emisión de un Decreto Ejecutivo en el que se sustenten las razones que motivan su decisión. El régimen de medidas específicas de un conflicto armado interno es diferente al régimen de estado de excepción contemplado en el artículo 164 de la Constitución.

El Decreto Ejecutivo deberá identificar a los grupos armados organizados que participan en el conflicto armado interno y podrá disponer las medidas económicas y financieras necesarias para afrontar el conflicto y desarticular las economías criminales.

Los grupos armados que son:

• Grupos armados organizados
• Grupos paramilitares
• Grupos guerrilleros
• Autodefensas
• Otros grupos que cumplan con los elementos o requisitos establecidos en el Reglamento