Desde la intervención del gobierno de Daniel Noboa, agentes de tránsito de Manta no reciben sus sueldos: están 9 meses impagos
Manta olía a basura por falta de pago a quienes se encargaban de recogerla. En abril de 2026, mientras fundas negras se acumulaban en las esquinas de barrios como Santa Martha, Miraflores y Los Esteros, los obreros municipales de Manta paralizaron la recolección de desechos. No protestaban por un aumento o por horas extras. Reclamaban algo más básico: salarios atrasados. Algunos llevaban meses esperando pagos.
Finalmente, el martes 28 de abril de 2026 y el Municipio de Manta pagó los sueldos de febrero y marzo al personal de higiene, luego de que el gobierno de Daniel Noboa exigiera a la alcaldesa Marciana Valdivieso que se retome la recolección en la ciudad.
El vocero del Municipio de Manta, Pedro Zuluaga, informó que el Gobierno concretó la transferencia de parte de valores adeudados, de un poco más de un millón y medio de dólares, correspondientes a lo que restaba de febrero 2026 del Modelo de Equidad Territorial.
Sin embargo, Zuluaga destacó que, haciendo uso de recursos propios, el cabildo canceló los sueldos de todos los trabajadores de la Dirección de Higiene y Salubridad.
Finalmente, Zuluaga agradeció al Gobierno Nacional por la transferencia y lo conminó a que, a la mayor brevedad posible, se transfieran los otros valores que aún se mantienen pendientes.
La escena era incómoda para la administración de Valdivieso. Los trabajadores golpeaban cacerolas frente al cabildo, mientras la ciudad comenzaba a sentir una pequeña crisis sanitaria. Pero en otra institución de la misma ciudad, lejos de lo que se comunica en medios y de los anuncios oficiales, existe otro grupo de trabajadores olvidados: Los agentes civiles de tránsito de Movilidad Manta EP.
Ellos también reclaman salarios. Solo que no son dos ni tres meses. ¡Son 9 meses! Y, hasta el 5 de mayo de 2026, cuando un agente decició hacer público el reclamo, nadie parece escuchar sus súplicas de recibir los sueldos que han trabajado.
“Tenemos familias que dependen de este ingreso”, reclamó uno de los agentes en un posteo difundido en la red social Facebook. Según las denuncias, cerca de 190 agentes permanecen impagos desde la intervención estatal a la empresa pública de movilidad.
La contradicción comenzó a hacerse evidente en Manta: el mismo Gobierno que exigía al municipio ponerse al día con los obreros de la basura, es el que tiene intervenida la agencia, cuyos trabajadores acumulan casi un año sin cobrar.
Todo empezó el 10 de julio de 2025. Ese día, el Gobierno de Daniel Noboa intervino la Empresa Pública Movilidad Manta EP mediante el Acuerdo Interministerial No. MDI-MTOP-2025-001. La decisión fue presentada como una medida urgente frente a presuntos vínculos de la institución con estructuras del crimen organizado. El ministro del Interior, John Reimberg, incluso sugirió que la alcaldesa Valvidieso conocía de estos nexos.
La intervención buscaba depurar la entidad, reorganizar procesos internos y recuperar el control institucional sobre un organismo estratégico para la seguridad y movilidad del puerto manabita. El discurso oficial hablaba de transparencia, control y recuperación institucional.
Pero diez meses después, los agentes aseguran que la intervención no llegó acompañada de estabilidad laboral ni de soluciones económicas. “Estoy orgulloso de ser agente civil de tránsito y no me opongo a las investigaciones”, publicó uno de ellos. “Pero no entiendo cómo pueden pasar nueve meses sin que se respeten nuestros derechos laborales”, añadió.
La pregunta comenzó a repetirse entre pasillos, retenes y operativos de tránsito: ¿quién responde por los salarios cuando una institución es intervenida por el propio Estado?
Porque la intervención cambió el mando administrativo, pero no suspendió las obligaciones laborales. Y ahí aparece otra capa del conflicto: las deudas del gobierno con los Gobiernos Autónomos Descentralizados del Ecuador, que ha sido una queja constante desde que Daniel Noboa asumió el poder en 2023.
La Alcaldía de Manta sostiene desde hace meses que el Gobierno Central mantiene deudas pendientes por transferencias del Modelo de Equidad Territorial, mecanismo contemplado en el COOTAD para distribuir recursos estatales hacia los gobiernos autónomos descentralizados.
Según declaraciones municipales difundidas durante la crisis de la basura, la deuda del Ejecutivo con el cabildo superaría los 7 millones de dólares.
Ese argumento fue utilizado para justificar retrasos salariales en distintas áreas municipales. Y aunque parte de esos recursos terminaron llegando para desactivar la protesta de los obreros recolectores, la situación de los agentes de tránsito siguió prácticamente intacta.
Mientras el Gobierno intervenía una empresa pública bajo el argumento de corregir irregularidades y garantizar institucionalidad, decenas de trabajadores denunciaban abandono estatal y meses sin ingresos. Mientras desde Quito se presionaba para evitar que Manta colapsara entre montañas de basura, los agentes intervenidos seguían esperando sueldos.
Y mientras unos pagos se resolvían con transferencias urgentes, otros parecían quedar atrapados en un limbo administrativo donde nadie asumía responsabilidad política.
En Manta, la crisis dejó de ser solamente financiera. Se volvió moral.
Porque detrás de cada cifra hay familias endeudadas, hijos, arriendos acumulados y trabajadores que todavía salen a las calles a cumplir funciones sin saber cuándo volverán a cobrar.
La basura finalmente comenzó a recogerse otra vez, pero el malestar sigue ahí, circulando por las avenidas de Manta con uniforme reflectivo y salario ausente.
Contraste – La Contra
