La nueva ofensiva del Gobierno sobre el sistema de videovigilancia de Quito fue presentada como una respuesta ante supuestas “salas espejo” y un presunto manejo irregular de las cámaras. Pero el propio Ejecutivo había ordenado, hace casi dos años, que los sistemas de videovigilancia de los GAD se integraran al ECU 911. En Quito, además, el ECU 911 ya tenía acceso a las cámaras municipales. ¿Qué cambió realmente en 2026? ¿Y dónde están las pruebas de esas supuestas salas espejo?

El 10 de agosto de 2026, el Gobierno de Daniel Noboa anunció que había tomado el control de la videovigilancia de Quito.

El Ministerio del Interior, John Reimberg, presentó la decisión como un cambio sustancial: mediante un convenio con EMSEGURIDAD, la cartera de Estado asumirá el control del Centro de Cámaras del COE Metropolitano y buscará integrar progresivamente sus sistemas con las plataformas nacionales coordinadas por el ECU 911.

El Gobierno dijo que las cámaras deben estar al servicio de la Policía y no de supuestas “redes de espionaje”. Reimberg sostuvo además que el Centro de Cámaras del COE Metropolitano no habría dado durante demasiado tiempo la respuesta que los ciudadanos necesitaban.

¿Cómo puede el Gobierno presentar como una nueva toma de control algo que su propia administración ya había ordenado en 2024?

---

La primera pieza del rompecabezas: el Decreto 397

El 18 de septiembre de 2024, Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 397.

La disposición estableció que los sistemas y plataformas de videovigilancia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados debían interoperar y proporcionar acceso al Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. También estableció que el ECU 911 sería la entidad encargada de regular esa interoperabilidad.

No era una disposición menor. El decreto no se limitaba a decir que los municipios podían compartir ocasionalmente una imagen con el ECU 911. La normativa creó un esquema nacional para conectar los sistemas locales con el organismo estatal.

Y fue todavía más lejos. La normativa estableció que el ECU 911 debía implementar un sistema de videovigilancia en tiempo real, incluyendo herramientas de analítica de datos, reconocimiento facial y reconocimiento de placas vehiculares.

Es decir, el Gobierno de Noboa ya había decidido en 2024 que las cámaras de los gobiernos locales debían quedar articuladas bajo el sistema nacional de seguridad.

El ECU 911 informó que, en cumplimiento del Decreto 397, había establecido el procedimiento para acceder a los sistemas y plataformas tecnológicas operativas y que la gestión de videovigilancia y emergencias debía coordinarse a través del ECU 911 como entidad rectora de la interoperabilidad nacional.

Y hay un dato particularmente revelador: el informe institucional del ECU 911 señala que al 31 de diciembre de 2024 ya contaba con 5.560 cámaras instaladas, incluyendo cámaras de los GAD.

Por tanto, la historia de que el Gobierno recién en agosto de 2026 empieza a controlar o integrar las cámaras municipales no encaja completamente con la documentación oficial.

---

Quito tampoco era un territorio desconectado del ECU 911

El Municipio sostiene que las 632 cámaras municipales fueron adquiridas entre 2016 y 2020 y que el ECU 911 ya tenía acceso total a ellas, como informó el alcalde Pabel Muñoz.

La propia historia institucional de Quito muestra que la integración entre el Municipio y el ECU 911 viene de años atrás.

En enero de 2020, el Municipio informó que había firmado un convenio con el ECU 911 para permitir la visualización en tiempo real de los sistemas de videovigilancia de ambas instituciones. En aquel momento se hablaba de 1.518 cámaras entre los dos sistemas.

Tres años después, en 2023, Quito y el ECU 911 volvieron a informar sobre un convenio de cooperación para fortalecer la videovigilancia y avanzar en el enlace de las cámaras municipales con el sistema nacional.

Y después llegó el Decreto 397. Por eso, cuando el Municipio afirma que las cámaras ya estaban conectadas al ECU 911, esa afirmación no aparece aislada de los antecedentes documentales.

De hecho, el alcalde Pabel Muñoz afirmó en junio de 2026 que el ECU 911 tenía acceso a las 632 cámaras municipales y que la sala del COE Metropolitano funcionaba en el mismo edificio del ECU 911.

---

Y entonces aparecen las famosas “salas espejo”

Durante las últimas semanas, John Reimberg denunció la existencia de supuestas “salas espejo” vinculadas a los sistemas de videovigilancia de Quito.

La acusación es grave. Según el ministro, existirían mecanismos que permitirían acceder remotamente a las imágenes de las cámaras y que esto podría comprometer operaciones policiales y militares.

¿Dónde están las pruebas?

Hasta ahora, en la información pública revisada para este reportaje, las “salas espejo” aparecen fundamentalmente como una denuncia o afirmación de autoridades, no como un hecho demostrado mediante documentos técnicos, fotografías de instalaciones, registros de conexiones, direcciones IP, contratos, informes periciales, auditorías de acceso o una investigación fiscal que haya establecido su existencia y funcionamiento ilícito.

Primicias reportó que Reimberg había denunciado la supuesta existencia de esos mecanismos y que el Municipio rechazó las acusaciones, afirmando que fueron realizadas sin pruebas.

El alcalde fue incluso más directo. “Si alguien tiene una prueba preséntela”, sostuvo Muñoz, al negar que existiera una sala espejo o un mecanismo no autorizado.

---

Hay un problema adicional con la expresión “sala espejo”

La expresión puede generar una impresión equivocada. Una “sala espejo” no es, por sí misma, una prueba de espionaje.

De hecho, el propio Municipio de Quito ya utilizaba años atrás el concepto de “espejo” para referirse a la visualización de imágenes procedentes del ECU 911.

En 2018, Quito informó oficialmente que su sistema Video Wall podía visualizar, mediante el “espejo de cámaras del ECU-911”, los incidentes registrados en la ciudad para coordinar acciones con esa institución.

Y en 2020, el convenio entre Quito y ECU 911 contemplaba expresamente la visualización en tiempo real de los dos sistemas.

El Gobierno de Daniel Noboa no está entrando por primera vez al sistema de videovigilancia municipal de Quito.