Estudiantes de la Politécnica cuestionan contrato de $240 millones entre el gobierno de Daniel Noboa y Dedalus para el sistema de salud
La comunidad estudiantil de la Escuela Politécnica Nacional (EPN) difundió un comunicado en el que cuestiona la adjudicación del contrato entre el Ministerio de Salud Pública (MSP), la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y la empresa europea Dedalus para la implementación de un sistema nacional de historia clínica electrónica, cuyo monto supera los $240 millones.
El pronunciamiento, emitido el 10 de septiembre de 2026, aclara que los estudiantes no se oponen a la digitalización de la salud pública, sino a la forma en que se realizó el proceso de contratación, al que consideran apresurado y carente de garantías suficientes.
Uno de los principales reparos planteados por la EPN es que Dedalus no figura entre las empresas evaluadas en el Cuadrante Mágico de Gartner de 2026 para sistemas empresariales de historia clínica electrónica, una de las referencias más utilizadas en el sector tecnológico para comparar proveedores especializados. Entre las compañías incluidas por Gartner aparecen firmas como Epic, MEDITECH, InterSystems, Oracle Health, Altera Digital Health y ezCaretech.
Los estudiantes sostienen que esta ausencia impediría afirmar que el sistema contratado corresponda al “más avanzado del mundo”, como señaló el presidente Daniel Noboa durante la presentación del proyecto.
Sin embargo, el comunicado reconoce que Dedalus es una empresa relevante en Europa, con operaciones en varios países y antecedentes en la gestión de plataformas de salud digital, tras adquirir divisiones tecnológicas de otras compañías del sector.
Diferencias entre el valor original y el contrato final
Otro punto señalado por la comunidad estudiantil es la diferencia entre el valor de la propuesta tecnológica y el monto finalmente contratado.
Según el documento, la oferta inicial del software de Dedalus habría rondado los $117 millones más IVA, mientras que el contrato adjudicado a través de CNT supera los $ 240 millones, incluyendo infraestructura, conectividad e integración.
Para los estudiantes, este incremento, superior al 100 %, requiere un desglose técnico y financiero detallado que permita conocer cómo se distribuyen los recursos públicos.
Contrato sin garantías
El comunicado también cuestiona que el proceso se haya realizado bajo disposiciones derivadas del Decreto Ejecutivo 461, que, según los estudiantes, eximirían la exigencia de garantías de fiel cumplimiento y de buen uso del anticipo en contratos vinculados a telecomunicaciones.
La comunidad de la EPN advierte que la ausencia de estas garantías dejaría al Estado con menos mecanismos de protección frente a eventuales incumplimientos del proveedor.
“Se comprometieron $ 240 millones y siete años de información clínica del país sin ese respaldo”, señala el documento.
Filial ecuatoriana en proceso de disolución
Otro aspecto que genera preocupación es la situación societaria de Dedalus Global Services Ecuador S.A.
Los estudiantes afirman que la filial local, constituida con un capital de USD 800, inició un proceso de disolución en marzo de 2026, de acuerdo con registros de la Superintendencia de Compañías.
A criterio de la EPN, esta situación obligaba a realizar un análisis de riesgos y planes de contingencia, especialmente considerando que el sistema almacenará información clínica de millones de ecuatorianos.
¿Quién controlará los datos?
El punto más delicado para los estudiantes es la administración de la información médica.
El modelo contratado operaría bajo la modalidad SaaS (Software as a Service), lo que implica que las historias clínicas, diagnósticos, resultados de laboratorio, tratamientos y otros datos sanitarios podrían alojarse en infraestructura administrada por terceros.
La comunidad universitaria plantea preguntas sobre la soberanía y protección de la información:
- ¿En qué jurisdicción se almacenarán los datos?
- ¿Quién responderá ante una filtración?
- ¿Qué ocurrirá cuando termine el contrato?
- ¿Cómo se garantizará la continuidad del servicio?
Los estudiantes recuerdan que Ecuador aún carece de una discusión pública amplia sobre gobernanza de datos de salud, interoperabilidad y mecanismos de auditoría tecnológica.
Fiscalización en marcha
La Asamblea Nacional aprobó días atrás un proceso de fiscalización sobre esta contratación, mientras diversos sectores han pedido que los informes técnicos, económicos y jurídicos del proyecto sean públicos.
En su comunicado, la comunidad estudiantil de la EPN concluye que la modernización del sistema sanitario es necesaria, pero sostiene que un proyecto de esta magnitud debe ejecutarse con mayores niveles de transparencia, análisis técnico y control ciudadano.
“Ecuador necesita interoperabilidad en salud desde hace más de veinte años. La discusión no es si debe hacerse, sino cómo hacerlo y bajo qué garantías”, señala el documento.
