Jaime Estrada padre e hijo fueron aprendidos en Panamá; y Jacobo Bucaram, en Ecuador
En una operación coordinada entre Ecuador y Panamá, la Policía Nacional, en articulación con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), el Gobierno estadounidense e INTERPOL, ejecutó la detención de cinco ciudadanos ecuatorianos requeridos por la justicia norteamericana. Dos fueron capturados en Panamá: Jaime Estrada Bonilla y Jaime Estrada Medranda; mientras que en Guayaquil fueron detenidos Jacobo Abdalá Bucaram Pulley, Geovanny Antonio Fernández Menéndez y William José Briones López.
Según la información difundida por las autoridades ecuatorianas, los cinco ciudadanos registran Notificación Roja de INTERPOL y son requeridos por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico. El Gobierno anunció que serán puestos a órdenes de las autoridades competentes para continuar con los respectivos procedimientos de extradición hacia Estados Unidos. Sin embargo, este operativo también se produce en un contexto de cuestionamientos al Gobierno de Daniel Noboa por el manejo de las instituciones de seguridad, justicia y persecución penal.
Durante la administración de Noboa, diferentes sectores políticos y sociales han denunciado una presunta utilización del aparato estatal para perseguir a voces críticas y debilitar a la oposición. Uno de los episodios más cuestionados fue la detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en febrero de 2026, en medio de un enfrentamiento político con el Ejecutivo. Su caso profundizó el debate sobre la independencia de la justicia y las posibles motivaciones políticas detrás de determinados procesos judiciales.
A esto se suman las detenciones registradas durante el paro nacional de septiembre y octubre de 2025. Amnistía Internacional alertó sobre posibles detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y procesos penales presuntamente abusivos contra manifestantes y dirigentes sociales. La organización también expresó preocupación por la detención de 12 personas en Otavalo, diez de ellas indígenas kichwas, a quienes se les formularon cargos por terrorismo.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos documentó, al cierre de las movilizaciones, 206 personas detenidas, 473 heridas y dos personas fallecidas, cifras que posteriormente fueron objeto de actualización y contrastación. Estos acontecimientos alimentaron las denuncias de criminalización de la protesta y persecución contra sectores que cuestionan las decisiones del Ejecutivo.
En este escenario, las nuevas capturas anunciadas por el Gobierno vuelven a colocar sobre la mesa el debate sobre el alcance de la política de seguridad de Daniel Noboa y el uso de los mecanismos de cooperación internacional. Mientras el Ejecutivo presenta los operativos como resultados de su lucha contra el crimen organizado, organizaciones sociales y sectores de oposición insisten en la necesidad de garantizar la independencia judicial, el debido proceso y evitar que la justicia se convierta en un instrumento de persecución política.
