La ‘lucha’ contra las “organizaciones terroristas” en Ecuador
El 23 de febrero de 2021, Ecuador comenzaría a vivir una pesadilla. Por lives a través de Facebook, el país entero experimentaba el shock: el desastre deshumanizante de la necropolítica y su lógica violenta. En Guayaquil, Cuenca y Latacunga la masacre simultánea en las cárceles iniciaba. La madrugada fue infernal, grotesca.
Dos meses antes, alias Rasquiña, líder del grupo de delincuencia organizada (GDO) Los Choneros fue acribillado en el patio de comidas del Mall del Pacífico, un centro comercial en Manta. Con su muerte, la balanza del poder se desequilibraba por completo y la industria neoliberal –conformada por autoridades estatales, políticos, empresarios y narcotraficantes– se trastocaba.
Hasta julio de 2023, según el medio digital GK, fueron más de 10 las masacres carcelarias ocurridas en Ecuador, con cerca de 500 personas privadas de la libertad (ppl) asesinadas. Ni los gobiernos de Lenín Moreno ni de Guillermo Lasso frenaron la arremetida de la violencia y el caos en el país, resultado de políticas adscritas a la creación y perpetuidad de narrativas de ‘Mano Dura’ que aseguren el control sobre la población, tanto en sus cuerpos (toques de queda) como en sus mentes (estados de excepción). A estos mecanismos de control se suman el incremento al financiamiento de las fuerzas coercitivas del Estado (policías y militares) y la desregularización económica como forma de sometimiento a la población.
La nula interpretación de la voluntad popular durante los tres últimos gobiernos en el Ecuador –incluyendo al actual liderado por Daniel Noboa– cumple con las funciones del estado de Milton Friedman, que consisten en “la protección de nuestras libertades, contra los enemigos del exterior y los del interior: defender la ley y el orden, garantizar los contratos privados y crear el marco para mercados competitivos. En otras palabras, policía y soldados (…)” (Klein, pg.14, 2006).
Es decir, para mantener una economía a favor del capitalismo de libre mercado, hay que delinear y crear la hoja de ruta que la sostenga: un “conflicto armado interno”. En nuestro país, los llamados a ser la base de esa economía son las ahora conocidas como “organizaciones terroristas”.
El 9 de enero de 2024, todo el país sería nuevamente testigo del terror en vivo. Durante el noticiero de la tarde, un grupo de encapuchados irrumpieron la transmisión en TC Televisión y tomaron como rehenes a empleados del canal estatal. La toma sería resultado de la fuga –por segunda ocasión– del narcotraficante más buscado del Ecuador, alias Fito, actual líder de Los Choneros.
Mediante Decreto Ejecutivo No.111, Daniel Noboa declaró “un conflicto armado interno” identificando a “grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas”, llamando a las Fuerzas Armadas a “neutralizar a los grupos”.
Las 10 estrategias de manipulación mediática de Chomsky, aplicadas por el Gobierno del llamado ‘Nuevo Ecuador’, surten efecto. El enemigo interno, las organizaciones terroristas, deben ser combatidas a como dé lugar, gradualmente, aunque se tomen soluciones impopulares que deben ser mantenidas y desprovistas de sentido crítico, para así “causar un corto circuito en el análisis racional” (Chomsky, 2010) de las personas. De esta manera, la lucha contra las organizaciones terroristas en Ecuador es el (re)inicio de la desregularización de la economía nacional (IVA al 15 %), la cual se mantiene gracias a la espectacularización de los hechos que rodean al Gobierno (caso Metástasis, caso Purga) para así instaurar la necesidad de cambios profundos que beneficien y aseguren la continuidad de un sistema neoliberal (Consulta Popular 2024).
La idea de guerra/conflicto armado y de la protección de nuestra libertad buscan justificar medidas perjudiciales a través de “lo que se conoce como “cadena de favores”, patrocinada por el Estado, para que las actividades clandestinas puedan ejecutarse con toda normalidad” (INREDH, 2024). Tanto el Estado y sus organizaciones, como el crimen organizado transnacional, se cubren las espaldas de esta manera. La inseguridad y el orden público, actualmente, pasan por un proceso de lavado de imagen que pretende obviar la penetración de las bandas criminales en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, además de sectores empresariales y de la política.
Las organizaciones terroristas entonces sirven como un distractor al cual la población ecuatoriana dirija su odio y su angustia debido a políticas y acciones perjudiciales a toda la población, siendo los miembros de estas organizaciones –generalmente jóvenes racializados y criminalizados por su condición de pobreza– el foco de la llamada lucha contra la guerra interna en Ecuador. Luis A. Córdova llama a esta supuesta resolución de problemas como “una paz mafiosa”, la cual es producto de la destrucción sistemática del tejido social y la falta de garantías ciudadanas como el acceso a la salud, al trabajo, a la educación, entre otros componentes.
La ‘lucha’ contra las “organizaciones terroristas” en Ecuador representa la continuidad de un modelo belicista en el que el factor social es sobrepasado por la persistencia de un conflicto armado interno que requiere soluciones más efectivas que estrategias policiales y militares. El verdadero enemigo interno son la corrupción, la desidia gubernamental y la kakistocracia, es decir, gobiernos de ineptos, incompetentes, menos calificados y más cínicos.
Por: Sebastián Vera
