El Consejo de Administración de la Asamblea (CAL) dio paso a trámite del juicio político contra Mario Godoy
El Consejo de Administración de la Asamblea (CAL) dio paso al juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, con 6 votos a favor, por presunto incumplimiento de funciones tras denuncias de presione a un juez anticorrupción. El caso pasa a la Comisión de Fiscalización, presidida por el asambleísta de ADN, Ferdinan Álvarez.
Esa decisión se adoptó durante una sesión del CAL, que arrancó a las 10:00 del 11 de enero de 2026 y donde se conoció el informe elaborado por la Unidad Técnica Legislativa (UTL) de la Asamblea.
La solicitud de juicio político contra Godoy fue ingresada por los legisladores de la Revolución Ciudadana Viviana Veloz, Liliana Durán, Franklin Samaniego y Xavier Lasso y Luis Molina.
El informe técnico de la UTL concluyó que la solicitud presentada cumple con los requisitos formales exigidos por la normativa vigente. Según la Unidad Técnica, el pedido se ajusta a lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución y en los artículos 78 y 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Este proceso se derivó de las denuncias de amenazas y presiones que hizo el juez anticorrupción, Carlos Serrano, por la condena que dictó contra el narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, sentenciado a 10 años de prisión por lavado de activos dentro del caso Euro 2024.
Luego de que fue calificado el pedido, el trámite continuará a la Comisión de Fiscalización, presidida por el asambleísta de ADN Ferdinan Álvarez, que tendrá hasta 30 días para elaborar un informe en el que recomiende o no el enjuiciamiento político del funcionario.
Después, con el informe de la Comisión de Fiscalización listo, el Presidente de la Asamblea tendrá hasta cinco días para convocar a una sesión del Pleno en la que se decidirá si procede o no el juicio político.
Durante la sesión del Pleno, el asambleísta proponente del juicio político tendrá dos horas para la interpelación. Mientras que Mario Godoy contará con tres horas para su defensa. Ambas partes podrán replicar por un máximo de una hora cada una.
Luego se abrirá el debate general, en el que todos los legisladores podrán intervenir hasta por 10 minutos. Finalmente, se realizará la votación: si se alcanza la mayoría, el funcionario será censurado políticamente.
