José Serrano fue deportado a Ecuador: sus hijas denuncian incomunicación y alertan de un “riesgo inminente” para su vida
La deportación del exministro del Interior José Serrano desde Estados Unidos hacia Ecuador, anunciada la noche del 28 de agosto de 2026, provocó una inmediata reacción de su familia, que denunció que el exfuncionario fue retirado del centro de detención migratoria Krome, en Miami, sin que sus hijas ni sus abogados fueran informados previamente sobre el procedimiento o su paradero.
La alerta fue difundida públicamente por Verónica Serrano, hija del exministro, en un mensaje en X que posteriormente fue recogido por medios nacionales e internacionales. La familia pidió la intervención de organismos internacionales y de derechos humanos y aseguró que Serrano se encontraba “desaparecido e incomunicado”.
La preocupación de sus familiares se produjo después de que el propio presidente Daniel Noboa anunciara públicamente que Serrano estaba siendo trasladado a Ecuador. El mandatario publicó fotografías del exministro bajo custodia de agentes migratorios estadounidenses y escribió: “Lo dijimos, lo cumplimos. José Serrano, ministro del Interior de Correa, nuevo huésped de El Encuentro. Ya mismo te toca a ti”, en referencia también al expresidente Rafael Correa.
Para la familia, el hecho de que ellos se enteraran del traslado a través de las redes sociales del presidente ecuatoriano y no mediante una comunicación oficial de las autoridades estadounidenses constituye uno de los principales motivos de alarma.
“Nuestro padre José Serrano ha sido retirado del centro de detención de migrantes Krome y se encuentra desaparecido e incomunicado”, denunció su hija Verónica Serrano.
La familia sostuvo además que ni sus abogados ni sus familiares fueron contactados, y calificó la situación como una vulneración de los derechos de Serrano.
“Una deportación implicaría un riesgo de tortura y asesinato”
El reclamo familiar fue más allá de la falta de información sobre el traslado. Las hijas de Serrano sostuvieron que su padre es víctima de una persecución política y expresaron temor por lo que pueda ocurrirle una vez que se encuentre bajo custodia ecuatoriana.
En su pronunciamiento, la familia afirmó que Serrano es un “perseguido político del gobierno de Daniel Noboa” y aseguró que esa persecución estaría relacionada con las denuncias que el exministro habría realizado sobre supuestos vínculos entre sectores del poder y estructuras del narcotráfico. Estas afirmaciones corresponden a la posición de la familia y no han sido acreditadas de manera independiente.
El punto más grave de la denuncia familiar es la advertencia de que el regreso de Serrano a Ecuador podría poner en peligro su integridad.
La familia afirmó que una deportación a Ecuador supondría, según su versión, “un riesgo inminente de tortura y asesinato”, y pidió apoyo a la comunidad internacional y a organizaciones de derechos humanos.
La preocupación tenía un antecedente: la protección contra la tortura
La alarma de las hijas no surgió de la nada. En mayo de 2026, una jueza de inmigración de Estados Unidos había negado la solicitud de asilo de Serrano, pero, de acuerdo con información difundida entonces, le concedió protección bajo la Convención contra la Tortura (CAT), mecanismo que impedía su deportación a Ecuador mientras esa protección estuviera vigente.
EFE reportó en mayo que la decisión había suspendido su repatriación a Ecuador debido a la protección otorgada bajo la Convención contra la Tortura.
Sin embargo, la situación migratoria cambió posteriormente. En junio, registros del sistema migratorio estadounidense mostraban movimientos en el caso y Serrano fue trasladado desde Krome hacia un centro de detención migratoria en Misisipi.
En paralelo, su defensa había presentado recursos judiciales para intentar conseguir su libertad y cuestionar su permanencia bajo custodia migratoria.
La familia denuncia una “injerencia” en la justicia
En su pronunciamiento, las hijas de Serrano también cuestionaron que el propio presidente Noboa anunciara públicamente el destino del exministro antes de que, según ellas, su familia o sus abogados recibieran información oficial.
Para los familiares, esto evidenciaría una supuesta interferencia política tanto en el proceso estadounidense como en el ecuatoriano. Afirmaron que la deportación tendría como objetivo “silenciar” a Serrano por las denuncias que, según ellos, ha realizado contra Noboa y personas cercanas al Gobierno.
La familia también vinculó su denuncia con otros casos y episodios que, desde su perspectiva, demostrarían un deterioro del Estado de derecho en Ecuador. Entre ellos mencionó el asesinato de Fernando Villavicencio, la muerte de la activista Monika Silva y lo que calificó como una penetración de estructuras criminales en el Estado.
Estas son acusaciones formuladas por la familia de Serrano, y no hechos establecidos judicialmente. No existe, hasta ahora, evidencia pública que permita afirmar como hecho probado que el Gobierno de Noboa haya ordenado la deportación de Serrano para silenciarlo o que exista un plan para asesinarlo.
De “desaparecido” a una cárcel de máxima seguridad
La incertidumbre denunciada inicialmente por la familia terminó pocas horas después.
Serrano fue deportado desde Estados Unidos y la aeronave que lo trasladaba llegó a Guayaquil alrededor de las 23:00 del viernes 28 de agosto. Posteriormente, durante la madrugada del sábado 29, fue trasladado bajo custodia hacia la cárcel El Encuentro, en Santa Elena.
El Gobierno ecuatoriano sostiene que Serrano retorna para responder ante la justicia. El secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, afirmó que será puesto a órdenes de las autoridades debido a una orden de prisión preventiva relacionada con la investigación por la presunta autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio.
Serrano es uno de los procesados por la Fiscalía dentro de la investigación del asesinato de Villavicencio. La Fiscalía lo señala como uno de los presuntos autores intelectuales del crimen, acusación que él ha rechazado.
Un regreso rodeado de acusaciones políticas
El caso queda así atravesado por dos relatos completamente opuestos.
Por un lado, el Gobierno presenta la llegada de Serrano como el cumplimiento de una promesa política y como un paso para que responda ante la justicia ecuatoriana. Noboa incluso acompañó el anuncio con un mensaje dirigido a Rafael Correa: “Ya mismo te toca a ti”.
Por otro, sus hijas y familiares describen el regreso como la culminación de una persecución política y advierten que su padre podría convertirse en un preso político y sufrir graves violaciones a sus derechos.
La preocupación central de la familia, sin embargo, comenzó antes de que Serrano aterrizara en Ecuador: denuncian que durante las horas decisivas de su traslado no sabían dónde estaba, que no fueron informados y que sus abogados tampoco recibieron comunicación oficial.
Ahora Serrano ya está en Ecuador y permanece bajo custodia estatal. La pregunta que deja abierta la denuncia de sus hijas es si, además de garantizar que responda ante la justicia por las acusaciones que pesan sobre él, el Estado ecuatoriano garantizará también su integridad, el debido proceso y el respeto a sus derechos fundamentales.
La familia ya hizo su advertencia: pide que organismos internacionales y de derechos humanos vigilen el caso.
