Organismos de derechos humanos denuncian que militares estarían abusando de las mujeres en la cárcel de Guayaquil
Una denuncia difundida por Fernando Bastias, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil vuelve a tocar a los militares y al descontrol en las cárceles del Ecuador: ¿qué ocurre cuando quienes tienen la obligación de custodiar a una persona privada de libertad son señalados como sus presuntos agresores?
El CDH de Guayaquil denunció el 20 de septiembre de 2026 presuntos abusos sexuales contra mujeres privadas de libertad en la cárcel de mujeres de Guayaquil. La denuncia mostraría a un militar realizando tocamientos en el pecho de una interna.
Bastias aseguró haber recibido información que atribuía los hechos a militares encargados de la custodia del centro. En uno de los testimonios difundidos se afirma que los presuntos hechos ocurrirían durante las guardias de la tarde y que las mujeres estarían expuestas a este tipo de situaciones de manera reiterada.
Otra denuncia recogida por la periodista Karol Noroña describe un escenario todavía más grave. Una mujer privada de libertad habría afirmado que, para poder salir al patio, algunas internas estarían siendo obligadas a tolerar tocamientos. También denunció amenazas con el uso de gases lacrimógenos.
Son testimonios cuya veracidad individual debe ser establecida mediante una investigación independiente. Pero precisamente por tratarse de mujeres que se encuentran bajo custodia del Estado, la obligación de investigar no puede depender de que las víctimas tengan capacidad para denunciar por sí mismas.
Hay además un elemento que agrava el contexto de la denuncia: las internas señalan problemas de alimentación y ausencia de economato. En el testimonio difundido se relaciona esa precariedad con la situación de control ejercida por los custodios.
Una cárcel donde el Estado tiene una obligación reforzada
La situación adquiere otra dimensión cuando se contrasta con los estándares internacionales.
Las Reglas Nelson Mandela de Naciones Unidas establecen que, en los espacios destinados a mujeres, las internas deben ser atendidas y supervisadas por personal femenino; además, un funcionario hombre no debería ingresar al área destinada a mujeres salvo acompañado por una funcionaria.
Las Reglas de Bangkok, específicamente diseñadas para mujeres privadas de libertad, establecen además que las autoridades deben contar con políticas destinadas a protegerlas frente a violencia física o verbal basada en género, abusos y acoso sexual, y que el personal que trabaja con ellas debe recibir formación específica en derechos humanos, género y prohibición del acoso sexual.
Por eso, la denuncia de Guayaquil no puede reducirse a un supuesto episodio aislado de malos tratos. Si los hechos denunciados fueran confirmados, se trataría de una posible vulneración de derechos cometida desde una posición de poder y bajo custodia estatal.
Hasta el cierre de la información publicada, EXPRESO señaló que consultó al SNAI y al Ministerio de Defensa y no obtuvo respuesta. (Diario Expreso)
No sería la primera denuncia contra agentes estatales
La acusación aparece, además, en un contexto mucho más amplio de cuestionamientos a la actuación de las fuerzas de seguridad en Ecuador.
1. Golpizas, descargas eléctricas y violencia sexual en cárceles
Human Rights Watch documentó denuncias de abusos contra personas privadas de libertad desde la intervención militar de las cárceles iniciada en enero de 2024. Entre las denuncias recogidas aparecen palizas, uso indebido de gases lacrimógenos, descargas eléctricas, violencia sexual y muertes. La organización también reportó períodos de incomunicación y obstáculos para acceder a abogados y atención médica.
2. Los cuatro niños de Las Malvinas
El caso más grave documentado judicialmente es el de Steven Medina, Nehemías Arboleda, Josué Arroyo e Ismael Arroyo. Los cuatro fueron detenidos por militares el 8 de diciembre de 2024 en Guayaquil y posteriormente aparecieron muertos cerca de una instalación militar en Taura. Amnistía Internacional señala que presentaban signos de tortura. En diciembre de 2025, 16 militares fueron condenados por la desaparición forzada de los cuatro niños; la sentencia confirmó además la existencia de tratos crueles y tortura durante la detención.
3. Desapariciones forzadas durante operativos militares
Amnistía Internacional documentó cinco casos ocurridos durante operaciones de seguridad en 2024 en Guayas, Los Ríos y Esmeraldas. Su investigación identificó 10 personas desaparecidas, incluidos seis niños, y señaló que las familias denunciaron la participación de agentes estatales. La Fiscalía había recibido, según información entregada a la organización, denuncias sobre 43 posibles desapariciones forzadas desde 2023.
4. Denuncias durante las protestas de 2025
En las protestas de septiembre y octubre de 2025, Amnistía Internacional recibió denuncias sobre uso excesivo de la fuerza por parte de Policía y Fuerzas Armadas, posibles detenciones arbitrarias y hostigamiento a dirigentes sociales. La organización recogió información de 85 personas detenidas y 100 heridas hasta el 1 de octubre. También reportó la muerte de Efraín Fuerez, quien, según INREDH, habría muerto después de recibir un impacto de bala presuntamente disparado por las Fuerzas Armadas.
5. Operaciones militares en la frontera en 2026
Human Rights Watch reportó en julio de 2026 nuevas denuncias relacionadas con operaciones militares ecuatorianas realizadas con cooperación estadounidense. Según su investigación, cuatro trabajadores agrícolas fueron detenidos arbitrariamente y torturados en una operación en Sucumbíos; uno de ellos relató haber sido sometido a descargas eléctricas. HRW indicó que examinó fotografías, videos, imágenes satelitales, documentos médicos y judiciales y entrevistó a 62 personas entre marzo y junio de 2026.
La misma investigación documentó denuncias sobre ataques contra embarcaciones pesqueras y la desaparición de una tercera embarcación en el mar, hechos que HRW considera que requieren investigación.
Un patrón que merece investigación, no silencio
Los casos no son equivalentes entre sí y tampoco todos tienen el mismo estado procesal. Hay denuncias, investigaciones abiertas, informes de organizaciones de derechos humanos y, en el caso de los cuatro niños de Las Malvinas, un proceso que ya produjo condenas.
Precisamente por eso conviene no mezclarlos ni afirmar que todos constituyen hechos probados. Lo que sí muestran es que las denuncias contra agentes estatales por abusos durante operaciones de seguridad y dentro de centros penitenciarios no constituyen un episodio aislado dentro del debate sobre la militarización de la seguridad en Ecuador. Human Rights Watch y Amnistía Internacional han advertido reiteradamente sobre ese contexto.
La denuncia de la cárcel de mujeres de Guayaquil introduce, además, una dimensión particularmente delicada: violencia sexual presuntamente ejercida por quienes tienen bajo su custodia a mujeres privadas de libertad.
Si los testimonios y el video corresponden efectivamente a lo denunciado, la investigación debería determinar, entre otros puntos, quiénes aparecen en las imágenes, cuándo y dónde ocurrieron los hechos, qué funciones cumplían los militares involucrados, si existieron otras víctimas, si hubo amenazas o represalias, si se utilizaron alimentos, agua, patio u otros servicios como mecanismo de coerción y qué hicieron las autoridades penitenciarias al conocer las denuncias.
Y hay una pregunta central: ¿quién controla a quienes controlan las cárceles?
Porque una persona privada de libertad se encuentra en una situación de especial dependencia respecto del Estado. No puede abandonar el lugar, elegir quién la custodia ni acudir libremente a otra autoridad cuando denuncia a su propio custodio.
Por eso, ante una acusación de violencia sexual dentro de una cárcel, el silencio institucional no resuelve la denuncia. La única respuesta compatible con la obligación estatal de protección es una investigación pronta, independiente y capaz de proteger a las posibles víctimas y testigos.
La denuncia del CDH, por ahora, debe ser tratada como lo que es: una acusación grave que exige investigación y esclarecimiento, no una sentencia anticipada. Pero tampoco puede ser descartada sin investigar.
