Asesinan al periodista Tomás Beltrán, en Calceta de Manabí, quien había denunciado irregularidades en la administración de Ledy Muñoz, quien busca la reelección por ADN
El periodista manabita había denunciado presuntas irregularidades en la administración municipal, recibió amenazas de muerte y contaba con protección de la Fiscalía. Dos colaboradores de su medio digital también fueron asesinados. Organizaciones de defensa de la prensa advierten sobre un escenario de violencia criminal, intimidación y presiones desde el poder político.
El periodista y comunicador digital Tomás Alfonso Beltrán Conforme fue asesinado a tiros la noche del domingo 8 de noviembre de 2026, en los exteriores de su vivienda, en Calceta, cabecera del cantón Bolívar, provincia de Manabí. Su muerte vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de quienes ejercen el periodismo y la fiscalización ciudadana en Ecuador, en un contexto marcado por amenazas, asesinatos, persecuciones y desplazamientos forzados.
Según la información publicada por Ecuavisa, Beltrán se encontraba guardando su vehículo cuando varios sujetos armados llegaron al lugar y dispararon en repetidas ocasiones antes de escapar. El comunicador era propietario del medio digital Calcetines y, de acuerdo con los antecedentes conocidos, vivía bajo amenazas desde meses atrás.
Su asesinato no constituye un episodio aislado de violencia contra su entorno profesional. Antes de su muerte, dos colaboradores de su plataforma digital también habían sido asesinados, en una escalada que ya había generado alertas de organizaciones de protección a periodistas.
Denunció presuntas irregularidades y recibió amenazas
Uno de los antecedentes más relevantes ocurrió el 2 de abril de 2026, cuando Beltrán presentó una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra la alcaldesa del cantón Bolívar, Ledy Muñoz.
De acuerdo con la Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas (MAPP), la denuncia tenía carácter reservado, pero su filtración habría desencadenado una campaña de desprestigio en redes sociales. Posteriormente, el 4 y el 8 de abril, aparecieron panfletos con amenazas de muerte en los exteriores de su domicilio.
La situación era especialmente preocupante porque el periodista ya había sufrido un atentado contra su vehículo en 2023, cuando fue atacado con productos químicos.
Desde mayo de 2025 estaba incorporado al Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, las medidas de seguridad no lograron evitar que continuaran las intimidaciones.
En abril de 2026, la MAPP informó que incluso los policías encargados de su custodia le habían recomendado abandonar Calceta, debido a que no podían garantizar su seguridad.
La organización solicitó entonces que se reforzara su protección, se investigaran las amenazas y se esclareciera la filtración de la denuncia reservada. Siete meses después, Beltrán fue asesinado.
La Fiscalía deberá establecer quiénes participaron en el crimen, quiénes lo ordenaron y si existe una relación entre el asesinato y las denuncias que el periodista había presentado. Esa posible conexión no debe darse por demostrada antes de que concluya la investigación.
Una prensa que también enfrenta el miedo y el exilio
El asesinato de Beltrán ocurre en un país donde el ejercicio periodístico ha sido golpeado por la violencia del crimen organizado, pero también por denuncias de presiones institucionales, hostigamiento y campañas de desprestigio contra comunicadores que investigan asuntos de interés público.
El fenómeno del exilio es una de las expresiones más graves de esta crisis.
Un informe de Fundamedios sobre la situación de la libertad de expresión en 2024 documentó ocho casos de exilio durante ese año. Entre los nombres registrados están los de periodistas y comunicadores que tuvieron que abandonar Ecuador ante amenazas y riesgos contra su integridad.
Uno de esos casos es el de Katherine Heredia, periodista que investigaba asuntos relacionados con el Municipio de Quito y la Prefectura de Pichincha. Según Fundamedios, sufrió seguimientos, hostigamientos y un episodio en el que desconocidos la apuntaron con un arma de fuego mientras se movilizaba en su vehículo.
También está el caso de Elsa Bejarano, comunicadora y activista vinculada a la defensa de los derechos humanos y a colectivos ambientalistas como Quito sin Minería. Recibió amenazas telefónicas y mensajes intimidatorios relacionados con su trabajo. Ante el riesgo para su vida, tuvo que salir del país.
Otro caso emblemático es el de José Luis Calderón, periodista y presentador de TC Televisión, quien fue tomado como rehén durante el asalto armado a las instalaciones del canal, el 9 de enero de 2024. Tras la experiencia traumática, abandonó Ecuador y solicitó asilo en Estados Unidos.
Estos antecedentes muestran que la violencia contra la prensa no siempre termina con un asesinato: también puede obligar a abandonar el país, interrumpir investigaciones y renunciar al ejercicio profesional.
Presiones desde el poder durante el Gobierno de Daniel Noboa
A la violencia del crimen organizado se suman las preocupaciones de organizaciones de libertad de prensa por las presiones que, según sus denuncias, provienen de sectores del poder estatal durante el Gobierno de Daniel Noboa.
En septiembre de 2026, la Fundación Periodistas Sin Cadenas alertó sobre un incremento de presiones contra periodistas y medios que investigan asuntos relacionados con la gestión gubernamental.
Entre los casos mencionados figura el del periodista Hernán Higuera, quien anunció que dejaría de investigar el caso Progen, relacionado con contratos de generación eléctrica. Según la organización, el periodista denunció hostigamiento contra integrantes de su familia después de sus publicaciones.
También está el caso de Roberto Aguilar, cronista y articulista crítico del Gobierno, quien fue separado del diario Expreso en agosto de 2026. Periodistas Sin Cadenas vinculó su salida con presiones ejercidas sobre anunciantes del medio, una denuncia que debe entenderse como un señalamiento de esa organización y no como una responsabilidad judicialmente establecida.
La periodista Gisella Bayona, por su parte, anunció su retiro del periodismo en septiembre, después de una campaña de desprestigio que, según Periodistas Sin Cadenas, se produjo tras declaraciones del presidente Noboa sobre asuntos relacionados con la comunicadora y su entorno familiar.
Otro episodio denunciado por la organización involucró a Fabricio Vela, quien señaló que directivos de RTU intentaron impedir la difusión de una entrevista que había realizado.
Estos casos tienen características distintas y no deben confundirse con los asesinatos perpetrados por estructuras criminales. Sin embargo, todos forman parte de una discusión fundamental: las condiciones reales para investigar, cuestionar y fiscalizar al poder sin exponerse a represalias.
Los activistas también están en la mira
La situación no afecta únicamente a periodistas. Personas dedicadas a la defensa ambiental, los derechos humanos y la vigilancia ciudadana también han denunciado amenazas por sus actividades de fiscalización.
El caso de Elsa Bejarano es una muestra de cómo la defensa ambiental puede convertirse en un factor de riesgo. Su participación en colectivos contrarios a proyectos extractivos y sus actividades de comunicación estuvieron acompañadas de intimidaciones que terminaron obligándola a abandonar Ecuador.
En 2026, la muerte violenta de Mónika Silva, activista y veedora ciudadana anticorrupción en Santa Elena, también encendió alertas sobre los riesgos que enfrentan quienes investigan y denuncian posibles irregularidades en la gestión pública.
Fundamedios incorporó su caso entre los hechos que marcaron su informe del primer semestre de 2026, en el que advirtió sobre un entorno cada vez más hostil para periodistas, activistas y ciudadanos que ejercen labores de vigilancia pública.
El problema trasciende, por tanto, a los medios de comunicación: cuando quienes denuncian posibles actos de corrupción, cuestionan decisiones gubernamentales o defienden territorios y derechos humanos son amenazados, se debilita también la capacidad de la sociedad para exigir rendición de cuentas.
Las cifras de una crisis que no encuentra justicia
El panorama estadístico refuerza las preocupaciones. En su informe semestral de 2026, Fundamedios documentó 100 agresiones contra la libertad de expresión entre enero y junio: un promedio de una agresión cada 1,8 días.
De acuerdo con el mismo reporte, 46 de las 100 agresiones fueron atribuidas a actores estatales, mientras que 26 correspondieron a agresores desconocidos, 23 a actores no estatales y cinco a organizaciones criminales.
La organización registró ataques digitales, amenazas, discursos estigmatizantes, restricciones al acceso a información, agresiones verbales y atentados físicos.
A esto se suma un dato particularmente alarmante: en su informe publicado el 2 de noviembre de 2026, Fundamedios señaló que durante 2025 fueron asesinados seis periodistas y comunicadores. En 2026 se habían registrado otros dos casos hasta la publicación del documento.
La organización advirtió, además, que en ninguno de los crímenes contra la prensa reconstruidos desde 2005 se había juzgado a quien ordenó el asesinato.
La impunidad constituye uno de los principales factores de riesgo: cuando los responsables intelectuales de los ataques no son identificados ni sancionados, la violencia termina enviando un mensaje de intimidación a quienes continúan investigando.
El asesinato de Beltrán exige respuestas
La muerte de Tomás Beltrán plantea preguntas que las autoridades ecuatorianas no pueden dejar sin respuesta.
¿Por qué un periodista que había denunciado amenazas, que estaba incorporado al sistema de protección de la Fiscalía y cuyo entorno profesional ya había sufrido asesinatos terminó siendo ejecutado frente a su vivienda?
¿Quiénes estuvieron detrás de las amenazas y de los asesinatos de los colaboradores de Calcetines? ¿Se investigó adecuadamente la filtración de la denuncia que había presentado contra la alcaldesa de Bolívar? ¿Qué ocurrió con las medidas de protección que debían garantizar su vida?
La investigación debe establecer si el crimen tuvo relación con su trabajo periodístico y sus denuncias, identificar a los autores materiales e intelectuales y esclarecer las posibles responsabilidades institucionales.
El Gobierno de Daniel Noboa, la Fiscalía y las instituciones encargadas de proteger a periodistas y ciudadanos tienen la obligación de garantizar que informar, investigar y denunciar no se convierta en una sentencia de muerte.
El asesinato de Beltrán no puede reducirse a una estadística más de la violencia que atraviesa Manabí. Detrás de su muerte hay un medio de comunicación golpeado, colaboradores asesinados, amenazas previamente denunciadas y un sistema de protección que no consiguió preservar su vida.
Mientras periodistas se ven obligados a abandonar el país, otros dejan de investigar por temor a represalias y activistas enfrentan amenazas por fiscalizar al poder, la libertad de expresión ecuatoriana enfrenta una pregunta cada vez más urgente: ¿quién puede investigar y denunciar en Ecuador sin poner en riesgo su propia vida?
