noviembre 21, 2024
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Observatorio garantizará sentencia sobre violencia sexual en aulas de Ecuador

Catorce organizaciones de cinco países de América Latina conformaron un observatorio para monitorizar la ejecución de la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos impuso a Ecuador en 2020, por el caso de Paola Guzmán Albarracín, víctima de violencia sexual en las aulas.

Paola Guzmán Albarracín fue acosada y abusada sexualmente por Bolívar Espín, el vicerrector del colegio público donde estudiaba, en Guayaquil, cuando tenía 14 años. El agresor prometió ayudarla con sus calificaciones y aprovechó su posición de poder para, a través del engaño, ganar la confianza de la menor y abusar de ella en varias ocasiones.

Producto de ese abuso ella quedó embarazada y Espín la presionó para que abortara con el médico del colegio, quien también la acosó. El 12 de diciembre de 2002, Paola ingirió fósforo blanco antes de subir al bus que la llevaba a clases. Cuando llegó al colegio, acudió a la enfermería en estado crítico, pero no recibió ayuda. Las autoridades le dijeron que rezara por lo que había hecho. Al día siguiente falleció.

La Corte Interamericana determinó en su fallo que Ecuador es responsable por la violencia sexual ejercida por una autoridad educativa en contra de Paola Guzmán y, en consecuencia, por la violación al derecho a la vida, a la integridad personal, a la educación y a la protección de la honra y de la dignidad de la adolescente. Y ordenó que se implementen una serie de medidas de no repetición que son de obligatorio cumplimiento para el país, pero que también son aplicables para todos los Estados que hacen parte del sistema interamericano.

«Hacer el lanzamiento del Observatorio Paola Guzmán Albarracín es un hito porque convoca a organizaciones del Ecuador y también de la región a hacer una vigilancia del cumplimiento de las medidas de no repetición que tiene que cumplir el Estado ecuatoriano», ha dicho Lita Martínez, directora de CEPAM, una de las organizaciones que llevó el caso de Paola hasta la Corte.

«Sin duda son las medidas más difíciles de cumplir porque interpelan y cuestionan la necesidad de una decisión política de un Estado y de un gobierno que vea más allá de las narices, de la época en la que esto sucedió, y asuma una política para erradicar la violencia sexual y de género en el ámbito educativo», ha agregado Martínez durante la inauguración del Observatorio en Guayaquil.

En la presentación también ha estado presente Petita Albarracín, madre de Paola; Catalina Martínez Coral, directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos; Thelma Fardin, reconocida actriz y activista argentina, e integrantes de otros movimientos y organizaciones que forman parte del Observatorio.

El fallo sobre violencia sexual en las aulas

El Observatorio Paola Guzmán Albarracín tiene el objetivo de apoyar en la implementación de la sentencia en Ecuador, pero también en la región. Organizaciones de la sociedad civil y de la academia de Ecuador, Argentina, Costa Rica, Chile y El Salvador harán el monitoreo.

«Esas recomendaciones, como la de crear una política pública de educación sexual integral que le asiste al Ecuador, son una obligación que ahora le asiste a los países de la región que han reconocido la competencia de la Corte. Queremos que esta sentencia tenga un impacto mayor, que podamos trabajar en el avance de estas políticas con diferentes Estados a lo largo de Latinoamérica», ha explicado Catalina Martínez Coral, del Centro de Derechos Reproductivos.

Y ha destacado la importancia de este fallo por ser el primero que habla sobre la violencia sexual en los entornos educativos. Además, reconoce que la educación sexual integral es un derecho humano y que los estados tienen la obligación de brindarla como parte de su sistema de educación.

«También es la primera sentencia que reconoce la existencia de lo que desde el movimiento feminista hemos estado llamando desde hace muchísimos años: el patriarcado. Este sistema de opresión que existe desde hace muchísimos años y contra el que hemos estado luchando y ganando conquistas. Y la Corte reconoce que para alcanzar la igualdad necesitamos que erradicar este sistema patriarcal», ha afirmado Martínez.

Por su parte, Petita Albarracín, madre de Paola Guzmán, ha dicho que el camino para encontrar justicia ha sido «largo y doloroso», pero que lo ha seguido para que ninguna niña más viva lo que su hija vivió. «Teníamos que seguir. Lo principal es limpiar el nombre de mi hija, porque a ella la trataron como seductora, una niña que tenía 15 años».

La actriz argentina Thelma Fardin, conocida internacionalmente por su papel en la novela adolescente «Patito Feo» y quien hace cuatro años denunció al actor Juan Darthés de haberla violado cuando tenía 16 años en una de las giras de la serie, ha afirmado sentirse «muy conmovida y emocionada» por la fortaleza de Petita Albarracín y por darse cuenta de que la lucha contra la violencia sexual une a las mujeres de ambos países.

«A pesar de que los Estados no dan respuesta estamos unidas, decididas a cambiar eso, a hacer que el mundo para las que vienen sea un poco más justo», ha asegurado.

Y ha reivindicado la protesta feminista en América Latina. «Creo que estamos viviendo un momento en el que intentan hacernos retroceder y por eso estar acá es muy emocionante. Sentir que estamos unidas y que, a pesar de que no van a renunciar a sus privilegios fácilmente, vamos a seguir firmes en la lucha».

La implementación en Ecuador

Además de reparar a la familia de Paola, Ecuador debe contar permanentemente con información estadística actualizada sobre situaciones de violencia sexual contra las niñas y niños en el ámbito educativo.

Además, detectar casos de violencia sexual en las aulas y que elaborar un protocolo de denuncia. También debe capacitar al personal de las instituciones educativas sobre el abordaje y prevención de situaciones de violencia sexual. Y brindar asistencia a las víctimas y a sus familiares.

En ese sentido, Ecuador conformó una mesa interinstitucional para elaborar una estrategia nacional para la erradicación de la violencia sexual en el ámbito educativo. Sin embargo, Cepam y el Centro de Derechos Reproductivos aseguran que la estrategia no incluye acciones específicas que permitan alcanzar los objetivos planteados.

Tampoco incluye las recomendaciones y estándares internacionales que establecen la incusión de la educación sexual integral en las mallas curriculares. Ni mucho menos existen referencias sobre el presupuesto para ejecutar la estrategia.

Tomado de: Efe.

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