Fiscalía actúa con rapidez en denuncia “anónima” contra Luisa González y allanan su casa, mientras casos graves de corrupción, como Progen, duermen en la impunidad

El allanamiento a la casa de la excandidata presidencial Luisa González este 28 de enero de 2025, en el marco del denominado Caso Caja Chica, motivado por una denuncia “anónima” recibida en noviembre de 2025, ha generado cuestionamientos por la velocidad con que la Fiscalía General del Estado ejecutó las diligencias. Esto frente a otros escándalos y denuncias graves de corrupción que involucran a funcionarios del gobierno de Daniel Noboa, empresas e intereses públicos sin respuestas comparables de esta entidad.

La Fiscalía informó que los allanamientos se realizaron como parte de una investigación preliminar por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos, acusación surgida de una denuncia con reserva de identidad de noviembre de 2025 de la cual ni siquiera los investigados tenían conocimiento, según denunció el expresidente Rafael Correa.

En el caso Caso Caja Chica, la Fiscalía presume el ingreso de dinero ilícito desde Venezuela para financiar la campaña electoral de 2023 en Ecuador. Entre los allanados está la excandidata presidencial de la Revolución Ciudadana.

Este accionar ha generado cuestionamientos sobre criterios, prioridades y selectividad institucional, en particular porque la Fiscalía, liderada por Carlos Alarcón, ha mostrado una percepción de diligencia desigual frente a otros casos de alta relevancia pública donde no se ha observado una reacción equivalente, pese a denuncias documentadas y persistentes.

Casos con denuncias graves sin avances visibles:

• Luis Alvarado y Galamedios S.A.S.: Pese a ser objeto de acciones legales y cuestionamientos sobre la procedencia del dinero utilizado en la compra millonaria de medios de comunicación —operaciones por más de USD 2,6 millones con activos públicos declarados de apenas USD 277—, no se conoce hasta la fecha una investigación pública o sanciones por presunto enriquecimiento ilícito o perjurio, a pesar de que el tema fue expuesto en informes periodísticos y en oficios presentados ante la Fiscalía y otras autoridades. 

• Denuncias dentro del IESS: En los últimos meses, el nombre de Edgar Lama ha sido mencionado en distintas denuncias públicas que cuestionan presuntos pagos realizados a familiares, situación que ha generado debate y pedidos de esclarecimiento. 

• Cynthia Gellibert y controvertida compraventa de terrenos: Las acusaciones hechas por asambleístas sobre la compraventa de terrenos vinculados a la secretaria general de la Administración Pública generaron debate público y cuestionamientos, pero no han derivado en un proceso judicial claro o fiscalización efectiva hasta ahora. La madre de Jenny Ramírez, la mesera que pretendía comprar terrenos en La Libertad, trabajaría en la casa de la madre de Gellibert.

• Contratos con OCP y caso Apagón (Progen, Celec y EXministros): En el caso de irregularidades en contratos de generación térmica implicando a figuras del sector eléctrico y la empresa Progen, la Fiscalía ha realizado allanamientos e incautaciones —por ejemplo a vivienda de un exministro y a exviceministro—, pero no se ha avanzado con la misma celeridad en formulaciones de cargos, sanciones ni procesos públicos de juzgamiento comparables al operativo contra González. 

• Acusaciones por peculado y otros casos históricos prominentes (Si bien no cubiertos por este reporte periodístico, han sido señalados en el pasado como lentos o estancados, lo que alimenta la percepción pública de un sistema de justicia inconsistente). 

Percepción pública de selectividad

Organizaciones de la sociedad civil, analistas y representantes políticos han planteado que la rapidez con que la Fiscalía actuó ante una denuncia inicialmente anónima planteada en contra de líderes de Revolución Ciudadana contrasta con la aparente languidez en otros procesos que involucran presuntos actos de corrupción con evidencia pública, declaraciones de patrimonios incongruentes, denuncias internas o debate parlamentario. Esto alimenta una percepción de selectividad institucional y priorización política en el accionar de la Fiscalía, que puede poner en entredicho la confianza ciudadana en el debido proceso y la igualdad ante la ley.