La Presidencia de Ecuador contratará nueva pauta publicitaria por USD 6 millones, mientras escasez de medicamentos en las UCI ya cobra vidas
Mientras la Presidencia de la República abrió un nuevo contrato por USD 6 millones para pauta publicitaria en pleno año electoral, en hospitales públicos del país persisten denuncias por falta de medicamentos e insumos críticos, una contradicción que vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre las prioridades del gobierno de Daniel Noboa.
Por un lado, una nueva campaña de difusión institucional para “posicionar acciones, políticas, obras y servicios del Gobierno”; del otro, pacientes en unidades de cuidados intensivos enfrentando la escasez de medicinas esenciales para sostener tratamientos de alta complejidad.
La nueva contratación de pauta, publicada por Presidencia este 6 de mayo de 2026, se convierte en el octavo contrato publicitario de la administración de Daniel Noboa. Con este proceso, el gasto acumulado en comunicación oficial asciende a USD 32,6 millones desde noviembre de 2023, según reportes periodísticos. La distribución contempla inversión en medios digitales, televisión, radio, prensa escrita y espacios exteriores.
Al mismo tiempo, la crisis hospitalaria se profundiza
En paralelo, el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, una de las principales casas de salud del IESS en Guayaquil y referente nacional para atención especializada, vuelve a estar bajo cuestionamiento por denuncias de desabastecimiento y deterioro operativo. Una paciente de 48 años, oriunda de Guayaquil, falleció el pasado 29 de abril tras no recibir el tratamiento requerido. La mujer contrajo una bacteria altamente resistente durante su estancia.
Los reportes sobre escasez de medicinas en áreas críticas como UCI se suman a una larga cadena de problemas estructurales que arrastra esta unidad médica: crisis administrativas, denuncias de corrupción, amenazas contra funcionarios y una progresiva pérdida de capacidad de respuesta frente a la demanda de afiliados.
Un patrón que se repite
No es la primera vez que la inversión comunicacional del Ejecutivo genera cuestionamientos.
Ya en procesos anteriores se observaron contratos millonarios adjudicados bajo la premisa de fortalecer la difusión gubernamental. El argumento oficial ha sido que estas campañas permiten informar a la ciudadanía sobre programas estatales y políticas públicas. Sin embargo, críticos sostienen que el volumen del gasto resulta especialmente polémico en contextos de restricciones presupuestarias y crisis de servicios esenciales.
En un año electoral, además, el debate adquiere una dimensión política inevitable. Aunque legalmente la pauta institucional tiene fines informativos, analistas advierten que el límite entre comunicación pública y posicionamiento político puede volverse difuso cuando los montos crecen y la narrativa oficial se intensifica.
La paradoja del Estado
La escena resume una de las tensiones más profundas de la gestión pública ecuatoriana: mientras se destinan millones para comunicar resultados, amplios sectores exigen recursos para garantizar condiciones mínimas de atención médica.
Para miles de afiliados que esperan medicinas, cirugías o atención especializada, la discusión no pasa por slogans ni campañas. Pasa por algo bastante menos glamuroso y bastante más urgente: que haya medicamentos disponibles cuando la vida depende de ellos.
