Defensa de Aquiles Álvarez denuncia que SNAI no responde dos pedidos para coordinar una cirugía
La defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, cuestionó al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) este 7 de septiembre de 2026, por una falta de respuesta frente a dos solicitudes relacionadas con la atención médica del funcionario, quien permanece privado de libertad en el Centro de Privación de Libertad Santa Elena N.° 1, conocido como la cárcel del Encuentro.
El abogado Julio César Cueva sostiene que ha remitido al SNAI dos comunicaciones formales, acompañadas de documentación médica, para coordinar el traslado de Álvarez a una clínica privada donde pueda realizarse una intervención quirúrgica previamente indicada.
Según la denuncia publicada por Cueva, la primera solicitud fue presentada el 4 de agosto de 2026 y contemplaba que la cirugía se realizara el 11 de agosto. Esa fecha transcurrió, afirma el abogado, sin que el SNAI emitiera una respuesta.
La segunda solicitud mantiene el mismo propósito y establece una nueva fecha para la intervención: 15 de septiembre de 2026. De acuerdo con Cueva, esta fecha se aproxima y tampoco habría recibido una contestación de la autoridad penitenciaria.
Una solicitud presentada por el propio Álvarez
Los documentos difundidos por la defensa permiten observar que una de las solicitudes está fechada el 5 de agosto de 2026 y está dirigida a Paulina Marcela Olmedo Dávila, directora de Medidas Cautelares y Penas Privativas de Libertad del SNAI.
En el escrito, Álvarez solicita que se dispongan las medidas administrativas, logísticas y de seguridad necesarias para trasladarlo desde el centro penitenciario hasta un centro médico de su confianza para someterse a una cirugía laparoscópica.
El documento plantea cinco pedidos concretos:
Autorizar y coordinar el traslado bajo las medidas de seguridad que determine el SNAI.
Permitir que el procedimiento se realice en el centro médico de confianza del paciente.
Autorizar que la intervención sea practicada por el médico especialista elegido por Álvarez.
Permitir la continuidad de la atención preoperatoria, intraoperatoria y postoperatoria por parte del equipo médico escogido o garantizar su efectiva realización.
Coordinar el operativo de seguridad de manera que se mantenga la seguridad institucional y, al mismo tiempo, se respeten los derechos de Álvarez como paciente.
La petición sostiene que existe un diagnóstico médico que determina la necesidad de una intervención quirúrgica laparoscópica y que el procedimiento no constituye una atención electiva o injustificada, sino parte del tratamiento médico correspondiente.
El escrito también señala que Álvarez no pretende evadir las medidas derivadas de su situación jurídica y que el traslado debería realizarse manteniendo las correspondientes medidas de seguridad.
La defensa invoca el derecho a la salud
Cueva fundamenta la solicitud, entre otras normas, en el artículo 32 de la Constitución, relativo al derecho a la salud, y en disposiciones constitucionales relacionadas con la integridad personal, el consentimiento informado y la autonomía en las decisiones médicas.
El documento también cita los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, aprobados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2008.
En particular, la defensa invoca el principio relativo al derecho de las personas privadas de libertad a recibir una atención médica integral, adecuada y oportuna, que comprenda prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.
La solicitud enfatiza además que, según la defensa, Álvarez no contaba entonces con una sentencia condenatoria ejecutoriada.
El antecedente de la clínica en julio
La controversia ocurre después de un episodio ocurrido el 8 de julio, cuando Álvarez fue trasladado desde la cárcel El Encuentro hasta una clínica privada de Guayaquil para recibir atención médica. El SNAI informó entonces que el traslado se realizó para efectuar exámenes relacionados con el funcionamiento de su vesícula.
En aquella ocasión, el ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que los médicos habían determinado la necesidad de una cirugía y sostuvo que Álvarez había rechazado someterse al procedimiento.
La defensa dio una versión diferente. Julio César Cueva y la familia de Álvarez señalaron que no se oponían a la cirugía, sino que buscaban que esta se realizara de manera programada, con los médicos tratantes y en condiciones previamente coordinadas.
Una verificación publicada posteriormente por Lupa Media concluyó que era falso atribuir al presidente Daniel Noboa una orden para impedir la operación. La verificación señaló que la evidencia disponible mostraba que la cirugía fue aplazada y que la defensa había planteado reprogramarla.
Cueva cuestiona la diferencia entre los dos traslados
En su denuncia pública, Cueva contrasta aquel traslado de julio con las solicitudes actuales. Según el abogado, cuando Álvarez fue llevado a una clínica de manera repentina se argumentó que la movilización respondía a razones relacionadas con su salud.
Ahora, sostiene, existe una clínica privada reservada, médicos tratantes y una fecha programada, pero la respuesta del SNAI no llega.
“Para contestar DOS comunicaciones formales sobre su salud: más de un mes de silencio. Para que los trolls ‘conozcan’ supuestos traslados: velocidad 5G”, escribió el abogado.
Cueva también cuestionó la circulación de información en redes sociales sobre un supuesto nuevo traslado de Álvarez. Según su denuncia, mientras el SNAI no responde formalmente a los pedidos relacionados con la cirugía, una cuenta que califica de “troll” habría difundido información falsa sobre un supuesto traslado.
La defensa advierte sobre la responsabilidad del Estado
El abogado concluye su denuncia señalando que existen “dos pedidos médicos sin contestar” y que la salud, integridad física y vida de Álvarez se encuentran bajo responsabilidad del Estado mientras permanece privado de libertad.
La denuncia pública no implica, por sí misma, que el SNAI haya rechazado la cirugía: el cuestionamiento central de la defensa es que no habría respondido las solicitudes dentro de los plazos correspondientes.
Hasta el momento, en las fuentes consultadas para esta nota, no consta una respuesta pública del SNAI específicamente sobre las dos solicitudes mencionadas por Cueva ni sobre la fecha del 15 de septiembre.
El caso vuelve a poner en el centro del debate las condiciones en las que las personas privadas de libertad acceden a tratamientos médicos fuera de los centros penitenciarios, especialmente cuando requieren procedimientos programados y atención por especialistas de su elección.
