Ecuador: una tragedia escrita en petróleo
La historia del Ecuador está escrita en derrames de petróleo, un idioma particular con el que se comunican las grandes operadoras extranjeras que gustan de escribir en nuestra tierra, capítulos tóxicos en los que todos los personajes mueren en algún momento.
Según el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, en la última década, se han registrado más de 1.200 derrames petroleros en nuestro país, más del 80 % de estos accidentes ocurrieron en manos de empresas estatales.
En promedio, ocurren 22,5 derrames de petróleo al mes, eso se traduce a 5,6 derrames cada semana. El más reciente ocurrió en la provincia de Orellana, contaminando las aguas del río Napo. La empresa estatal Petroecuador reconoció la fuga de crudo tras la rotura de una cañería en la zona llamada Bloque 16, sin embargo, no ha precisado cuánto de este crudo llegó hasta el afluente del Amazonas.
¿Qué sucede con cada derrame?
Pues no se necesita ser un experto para saber que los componentes tóxicos del crudo envenenan todo a su paso. Cada derrame de petróleo crea una capa sobre el agua que impide la entrada de la luz solar lo que provoca que las especies vegetales no realicen fotosíntesis.
Para los pescadores es un drama de proporciones bíblicas porque la fauna más afectada son las aves y mamíferos acuáticos, pero, también los peces, moluscos y crustáceos que viven en la franja más cercana a las riberas, donde se acumula la mancha de petróleo. La capa delgada que se forma en la superficie del agua se adhiere a las plumas de las aves, lo que les impide volar, llevándolas a una muerte lenta y angustiante.
Esta misma situación provoca en los seres humanos decenas de afecciones a la piel, a los ojos y produce cáncer de diversos tipos. Es un crimen, el tipo penal correcto es “ecocidio”, pero nunca hay nadie preso.
Después de convertir al río Napo en un pantano venenoso, Petroecuador señaló a través de sus redes sociales, que todo estaba “bajo control” y que mantenían una comunicación directa con las comunidades afectadas. En buena hora, ya que lo que más necesitan estos poblados es la mano amiga de una empresa recurrentemente negligente que ha obligado a miles de amazónicos a vivir en el ambiente más nocivo posible, a vista y paciencia de gobiernos nefastos que nunca se interesaron por remediar estos ecocidios.
Lo más trágico de todo, es la normalización de cada uno de estos derrames. Cada accidente de este tipo representa una catástrofe ambiental sin miras a una indemnización justa, lo que agrava la ya débil situación del suelo, el agua y el aire, elementos vitales e irónicamente subvalorados.
Imaginemos un momento lo que significa vivir en el cantón Shushufindi donde se concentra la mayor cantidad de derrames a nivel nacional: 333 accidentes desde 2012 hasta 2022. Apenas a 200 metros de esta zona rural, está ubicado el Bloque 57, operado por Petroecuador. Según sus habitantes, los derrames solo han ido en aumento por el pésimo estado de la infraestructura.
El artículo 397 de la Constitución del Ecuador, cita que, en caso de daños ambientales, “el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas”, pero estas palabras se ven muy bonitas en papel, mientras en las riberas del río Coca, no hay más peces desde que en 2020, en un solo día, 15.800 barriles de crudo se derramaron en el agua, afectando a 27 mil kichwas.
Si no existen las condiciones óptimas para la operación eficiente del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), ¿qué está esperando el Estado ecuatoriano para reconsiderar sus políticas extractivistas?, ¿nos seguirán engañando con famosas “multas” que resultan insignificantes en comparación al daño ambiental?
Por Andrea Palma
