Eliminación de subsidios: Decisiones correctas y acertadas

junio 4, 2025 lacontraec

La eliminación de tarifas preferenciales en la energía eléctrica (subsidios) a grandes empresas, al igual que la eliminación del subsidio al diésel a los atuneros, no solo va en dirección correcta y justa, sino que tales subsidios nunca debieron concederse. Pero es indispensable que se utilicen esos ahorros para impulsar la destruida inversión pública del Gobierno Central, destinándolos a la reconstrucción de los servicios públicos, priorizando su uso en los sectores de salud, seguridad, educación y obra pública.

El Gobierno no debe usar estos recursos para acumular reservas internacionales y pagar el creciente servicio de la deuda externa, hay otras alternativas para ese propósito. El nivel del déficit fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) debe extenderse en plazo y monto hasta ser resuelto, pero sin que el FMI suspenda los desembolsos. Una forma de extenderlo es pagar hasta donde sea posible determinadas obligaciones internas para no promover aún más el círculo vicioso de mayor deuda, menor inversión del Gobierno Central y menor crecimiento de la economía y del empleo.

Paralelamente el Gobierno debe buscar obtener todo posible alivio financiero en los pagos a los tenedores privados de los Bonos Globales, al propio FMI (como lo acaba de hacer Argentina) y a los países amigos. La eliminación de los mal llamados incentivos tributarios a grandes empresas y
contribuyentes (que nunca incentivaron la inversión productiva ni el empleo, sólo las ganancias de los beneficiados) le ahorraría al Presupuesto General del Estado (PGE) un sacrificio fiscal entre 1000 a 1500 millones de dólares anuales.

Eliminar la diferencia de precios entre los combustibles importados y su precio de venta en Ecuador, dependiendo del volumen importado y su precio internacional podría ahorrar 1.300 millones anuales (sin modificar el precio del gas GLP para consumo doméstico). Esta medida también ahorraría entre 200 y 300 millones al eliminar o al menos reducir en forma importante el contrabando de combustibles y otros 450 millones en la venta de los combustibles y derivados de producción nacional.

Pero esta diferencia de precios no debe simplemente eliminarse, paralelamente se debe compensar a la gente de la única forma real y efectiva que es posible, con la reducción del IVA al menos al 12 %. Por ser el IVA un impuesto regresivo su reducción favorecerá especialmente a los pobres y personas de menores ingresos.

La reducción del IVA general al 12 % y para pequeñas empresas, restaurantes, hoteles y pasajes al 10 % más la eliminación de su cobro en compras equivalentes al 25 % del salario básico unificado el primer sábado de cada mes, impulsarán el consumo, la demanda, el crecimiento económico y el empleo productivo. Con una inversión creciente del Gobierno Central estos estímulos producirían un aumento estimado de la recaudación tributaria de unos 200 millones adicionales solo el primer año.

Las regalías que entregan las empresas mineras son ínfimas y deben ser renegociadas de inmediato, sobre la base del estricto respeto a la naturaleza y a la vida en todas sus formas. El año 2023 por regalías, patentes y utilidades el PGE tan solo recibió 206 millones de dólares y el 2024 apenas 229 millones.

Finalmente, la Asamblea Nacional y el Gobierno deberían extender por dos años la contribución de las instituciones financieras privadas (bancos y cooperativas) para que el PGE obtenga 180 millones anuales adicionales.