Sonia Vera, abogada de Jorge Glas, denuncia que el exvicepresidente fue golpeado por militares y advierte sobre amenazas contra su vida en la cárcel El Encuentro
La abogada del exvicepresidente asegura que la agresión ocurrió el 11 de noviembre de 2026, dejó 37 heridas sangrantes y fue registrada por las autoridades penitenciarias como una “autolesión”. También denuncia una presunta agresión sexual, amenazas de muerte y falta de atención médica. El caso vuelve a poner en cuestión el cumplimiento de las medidas de protección dictadas por organismos internacionales.
El exvicepresidente de la República, Jorge Glas, estaría en riesgo dentro de la cárcel de máxima seguridad El Encuentro. Así lo denunció este 18 de noviembre su abogada, Sonia Vera, quien aseguró que su defendido fue golpeado por al menos seis militares, sufrió decenas de heridas y recibió amenazas que podrían poner en peligro su vida.
A través de una denuncia pública difundida en redes sociales, Vera relató que los hechos ocurrieron el miércoles 11 de noviembre, cuando Glas regresaba del dispensario médico del centro penitenciario. Según la versión de la abogada, el exvicepresidente fue obligado a regresar a una dependencia y, mientras permanecía sentado, el mismo oficial que presuntamente lo había amenazado con anterioridad le rozó sus genitales contra el hombro.
Glas habría manifestado que se sintió agredido sexualmente. Inmediatamente después, de acuerdo con el relato de Vera, el uniformado y al menos otros cinco militares lo golpearon, patearon y arrastraron mientras intentaban esposarlo.
La agresión habría sido de tal magnitud que el exvicepresidente terminó vomitando, sangrando y sin poder caminar, por lo que tuvo que ser trasladado en una silla de ruedas.
37 heridas y un parte médico cuestionado
Uno de los aspectos más graves de la denuncia tiene relación con el registro médico de las lesiones.
Según Sonia Vera, a la mañana siguiente de la agresión, Glas identificó junto al médico 37 heridas sangrantes y solicitó que todas fueran incorporadas al informe correspondiente. Sin embargo, el parte médico habría calificado como normal el resto de la exploración y registrado únicamente una «equimosis pequeña» en el tórax, sin consignar los hematomas que presentaba en la espalda.
La abogada también cuestionó que, en los registros penitenciarios, el episodio aparezca calificado como una «autolesión», pese a que su defendido atribuye las lesiones a la intervención de los militares.
Vera aseguró que un funcionario fotografió las heridas mientras Glas permanecía en una camilla de emergencia y que esas imágenes existen. Además, difundió un video de una reunión telemática en la que el exvicepresidente relata lo sucedido y muestra las lesiones que presenta en la espalda y las piernas.
La advertencia sobre un posible atentado contra su vida
La denuncia incluye una advertencia todavía más delicada.
Vera sostiene que un privado de libertad del mismo pabellón le comunicó a Glas que el oficial involucrado en la agresión habría revisado su historia clínica y que existiría la intención de provocar una lesión mortal en su cuello.
Según la abogada, el interno conocía un dato específico sobre la condición cervical del exvicepresidente que constaría en su expediente médico y que, supuestamente, solo conocerían sus familiares, abogados y médicos.
Esta información habría llevado a Glas a temer que una nueva agresión pudiera terminar con su vida.
La defensa también denunció que, desde el episodio, las autoridades penitenciarias exigen que Glas acuda esposado a las consultas médicas, pese a que, según Vera, esta situación le desencadena crisis de pánico.
La abogada agregó que el viernes anterior a su publicación el exvicepresidente no recibió atención de tres médicos. También aseguró que Glas remitió una carta a la directora de la cárcel para solicitar auxilio. La funcionaria habría confirmado la recepción del documento, pero la defensa todavía no habría recibido la copia solicitada.
Un historial de alertas internacionales sobre su integridad
Lo denunciado por Sonia Vera se produce en un contexto de reiteradas alertas de organismos internacionales sobre las condiciones de detención, la salud y la integridad personal de Jorge Glas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a su favor el 31 de diciembre de 2019, cuando se encontraba recluido en la cárcel de Latacunga. La Comisión consideró que existía una situación de gravedad y urgencia que ponía en riesgo sus derechos a la vida y a la integridad personal, tomando en cuenta sus problemas de salud, las condiciones penitenciarias y las amenazas que habría recibido.
La situación volvió a ser examinada después de su detención en abril de 2024, tras el ingreso de fuerzas policiales ecuatorianas a la Embajada de México en Quito, donde Glas permanecía luego de recibir asilo diplomático.
En febrero de 2025, la CIDH amplió las medidas cautelares mediante la Resolución 13/2025. Tras una visita al centro penitenciario realizada en octubre de 2024, el organismo advirtió que la salud mental del exvicepresidente atravesaba un estado de especial gravedad y que las condiciones de detención y los episodios de violencia registrados en el centro podían afectar tanto su integridad física como su salud mental.
La Comisión solicitó al Estado garantizar atención médica adecuada, evaluaciones hospitalarias, mejores condiciones de reclusión y una mesa técnica con participación de médicos de confianza para resolver eventuales discrepancias sobre sus tratamientos.
El 1 de julio de 2025, ante la persistencia de los factores de riesgo, la CIDH solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que dictara medidas provisionales a favor de Glas. El organismo consideró que existía una situación de extrema gravedad y urgencia, con riesgo de daño irreparable a sus derechos a la vida, integridad personal y salud.
La Corte IDH otorgó medidas provisionales el 17 de octubre de 2025, según consta en documentación oficial de la Procuraduría General del Estado y de la Corte Constitucional ecuatoriana.
Naciones Unidas también expresó preocupación
Las alertas sobre la situación de Glas no provienen únicamente del sistema interamericano.
El 14 de noviembre de 2024, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura instó al Gobierno ecuatoriano a garantizar que el exvicepresidente recibiera un trato humano y digno. También manifestó preocupación por las condiciones de su reclusión en la prisión de máxima seguridad La Roca y pidió información sobre las medidas adoptadas para investigar las denuncias de tortura.
En una comunicación conjunta fechada el 21 de octubre de 2024, cuatro mecanismos de Naciones Unidas —entre ellos la Relatoría Especial sobre la Tortura, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales y la Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y abogados— solicitaron explicaciones al Estado ecuatoriano por las denuncias relacionadas con la detención, presuntos actos de tortura, falta de garantías judiciales y condiciones carcelarias de Glas.
El documento recogió la preocupación de los expertos por circunstancias que, según la información recibida, podrían poner en peligro su vida y vulnerar sus derechos fundamentales.
El Estado tiene la obligación de investigar
En su denuncia, Sonia Vera invocó el artículo 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que establece la obligación de los Estados de investigar de oficio y de manera inmediata cuando exista una denuncia o motivos fundados para creer que se ha cometido un acto de tortura.
La abogada aseguró que, desde el 11 de noviembre, no se había iniciado una investigación sobre la agresión denunciada y que la defensa conoció los hechos apenas unas horas antes de hacerlos públicos.
La gravedad del caso exige esclarecer varios puntos: quiénes participaron en la presunta golpiza, por qué el episodio fue registrado como una autolesión, dónde están las fotografías de las lesiones, por qué el informe médico no habría consignado todas las heridas denunciadas y qué medidas se han adoptado para investigar las amenazas contra el exvicepresidente.
También corresponde establecer si se garantizó el acceso a atención médica independiente y si las autoridades penitenciarias cumplieron las medidas de protección dispuestas por los organismos internacionales.
Jorge Glas permanece bajo custodia del Estado ecuatoriano. Por tanto, las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar su vida, integridad personal y acceso a atención médica, independientemente de su situación judicial.
La denuncia de Sonia Vera vuelve a colocar bajo escrutinio las condiciones de reclusión del exvicepresidente y el cumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales de protección de sus derechos humanos.

