Caso Sinohydro: Fiscal pidió prisión preventiva para Lenín Moreno y 36 imputados
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, formuló cargos y pidió la prisión preventiva para el expresidente Lenín Moreno y de 36 personas más, en el caso Sinohydro, antes conocido como Ina Papers. La medida fue tomada este viernes 3 de marzo de 2023.
La diligencia se dio en el piso 8 de la Corte Nacional de Justicia. Aunque también hubo investigados y abogados que comparecieron vía telemática, como el caso de Moreno.
En este caso se indagan presuntos actos de corrupción relacionados con el proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. Según la fiscalía general, en este caso se habrían manejado USD 76 millones en coimas y las 37 personas supuestamente se beneficiaron de ese dinero. Las pesquisas señalan que las acciones ilícitas se habrían perpetrado entre 2009 y 2018.
«No ha sido un entramado fácil de descubrir porque no nos limitamos a los 8 millones denunciados en un inicio, sino a 76 millones de dólares: estaríamos frente al mayor caso de corrupción judicializado en Ecuador, en el que se formularán cargos contra 37 personas», indicó la fiscal. «La teoría del caso se basa en las personas que se beneficiaron de coimas a través de transferencias y cheques, utilizando el sistema financiero nacional y en el exterior», añadió.
El delito
Según las investigaciones, las 37 personas habrían participado en el delito de cohecho. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) especifica que este delito se comete cuando los servidores públicos o las personas que actúen bajo una potestad estatal reciben o aceptan un beneficio económico indebido para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones. El artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que este delito se sanciona con prisión de uno a tres años. Sin embargo, si se comprueba que el servidor público aceptó las dádivas, la sanción puede aumentar a prisión de hasta cinco años. Y si la conducta identificada en las investigaciones es descrita como para cometer otro delito, el servidor público enfrentará una pena privativa de libertad de entre cinco y siete años.
#ACTUALIZACIÓN | La fiscal general @DianaSalazarM2 agrega que, para cometer el ilícito, habrían utilizado tanto el sistema financiero nacional como el de otros países para –presuntamente– recibir y distribuir el dinero a todos los procesados. ⬇️ pic.twitter.com/BK9m7NGeRT
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) March 3, 2023
