noviembre 5, 2026
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Santiago Peña renuncia a la Presidencia de Paraguay en medio del escándalo de Ueno Bank y la ruptura del Partido Colorado

La crisis financiera desatada por la intervención de Ueno Bank terminó convirtiéndose en una crisis política que puso contra las cuerdas al mandatario paraguayo. La decisión de Horacio Cartes de respaldar el juicio político, incluso desde las filas del oficialismo, precipitó la salida de Peña, cuyo Gobierno enfrentaba cuestionamientos por sus antiguos vínculos empresariales con la entidad financiera.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia este jueves 5 de noviembre de 2026, en medio de una de las mayores crisis políticas y financieras que ha enfrentado su Gobierno. La dimisión se produjo horas antes de que la Cámara de Diputados analizara el pedido de juicio político impulsado por legisladores opositores y disidentes del oficialismo, tras el escándalo por la intervención de Ueno Bank.

La salida del mandatario se produjo después de que Horacio Cartes, expresidente de Paraguay y actual titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), conocida como Partido Colorado, anunciara públicamente que respaldaría el proceso de destitución. La decisión representó una ruptura política de enorme trascendencia, pues Cartes fue uno de los principales impulsores de la candidatura presidencial de Peña en 2023.

En un comunicado difundido este jueves, Cartes sostuvo que el Partido Colorado no podía estar del lado de lo que calificó como un perjuicio a los fondos públicos, privados y de los jubilados. Además, confirmó su respaldo al juicio político contra el presidente, argumentando que era necesario recuperar la institucionalidad de la República.

El pronunciamiento terminó de debilitar al mandatario, que hasta entonces había contado con el respaldo de la estructura política colorada. La decisión también evidenció las fracturas dentro del oficialismo, donde varios legisladores comenzaron a sumarse al pedido de destitución.

Ueno Bank: el detonante de la crisis

El origen del escándalo se encuentra en la situación financiera de Ueno Bank, una entidad que había experimentado un rápido crecimiento en Paraguay y que llegó a captar cerca de tres millones de clientes.

El 2 de noviembre, el Banco Central del Paraguay (BCP) resolvió iniciar el procedimiento de resolución de la entidad, después de constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido por la normativa, como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante un proceso de regularización.

La decisión provocó incertidumbre entre los depositantes y fuertes reclamos por las dificultades para acceder a sus recursos. La situación adquirió una dimensión nacional debido al volumen de operaciones de la institución y a su relación con recursos públicos y fondos de jubilación.

Según los reportes difundidos durante la crisis, Ueno administraba cientos de millones de dólares en depósitos y recursos vinculados al sector público. Las autoridades financieras anunciaron mecanismos para proteger a los ahorristas y atender de manera ordenada la situación de la entidad.

Sin embargo, la intervención bancaria no consiguió contener el malestar ciudadano. Las protestas en Asunción y los reclamos de los afectados trasladaron la crisis del ámbito financiero al terreno político.

Los vínculos de Peña con el grupo propietario del banco

Uno de los principales cuestionamientos contra Santiago Peña estuvo relacionado con sus antiguos vínculos empresariales con el Grupo Vázquez, propietario de Ueno Bank.

El mandatario fue accionista de Ueno Holding, estructura empresarial vinculada a la entidad financiera, hasta marzo de 2025. Aunque se había desvinculado de esa participación antes de que estallara la crisis, la relación empresarial abrió interrogantes sobre posibles conflictos de intereses y la actuación de las autoridades durante el crecimiento y la regularización del banco.

Los legisladores que promovieron el juicio político señalaron presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de recursos públicos, posibles beneficios patrimoniales y cuestionamientos a las decisiones regulatorias.

El caso también alcanzó al sistema de jubilaciones paraguayo, luego de que surgieran cuestionamientos sobre la exposición de fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) a las operaciones vinculadas con la entidad.

La oposición sostuvo que el caso no podía limitarse a una intervención bancaria y que era necesario establecer las responsabilidades políticas e institucionales de quienes participaron en las decisiones relacionadas con Ueno.

La ruptura política que precipitó su salida

La decisión de Cartes de respaldar el juicio político fue determinante para el futuro de Peña. El expresidente, que mantiene una importante influencia dentro del Partido Colorado, pasó de ser el principal referente político que impulsó al mandatario a convertirse en uno de los actores que respaldaron su salida.

El pedido de juicio político contemplaba cinco ejes de cuestionamiento: posibles conflictos de intereses, presunta manipulación regulatoria, incumplimientos de límites crediticios, beneficios patrimoniales y afectaciones a la confianza del sistema financiero.

La crisis también provocó movimientos dentro de las instituciones financieras y judiciales. Entre las medidas reportadas estuvieron la salida de autoridades del Banco Central, la detención de directivos de Ueno y las investigaciones sobre posibles irregularidades en las operaciones de la entidad.

Con la renuncia de Peña se abre un nuevo escenario institucional para Paraguay. El vicepresidente Pedro Alliana figura como su sucesor en el Ejecutivo, en medio de la expectativa por la continuidad del Gobierno y las medidas que se adopten para atender a los depositantes afectados.

La salida de Peña no cierra, sin embargo, el escándalo financiero ni las interrogantes sobre las responsabilidades políticas y empresariales que rodearon el crecimiento de Ueno Bank.

El caso deja al descubierto una profunda crisis de confianza en las instituciones paraguayas y plantea una pregunta que seguirá marcando el debate político del país: ¿quiénes responderán por el manejo de los recursos comprometidos y por las consecuencias que dejó el colapso de la entidad financiera?

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